Los funcionarios que forman parte de la Mesa de Contratación (jefe de los Servicios Jurídicos, secretario e interventor) no salían de su asombro cuando comprobaron que el nuevo grupo de gobierno se lee los papeles, es capaz de interpretarlos y hasta de desmontar las tesis del técnico proponente. No hizo falta en las dos sesiones de Mesa (una de tres horas y la otra de una) se entrara a analizar el segundo de los concursos, porque con el de los colegios públicos ya hubo suficiente como para desacreditar los informes de Ricardo Cabrera. Para que se hagan una idea, sólo en la valoración económica se otorgaban 50 puntos de 120, y en las mejoras, 30. Y fue en la baremación económica donde aparecieron las primeras arbitrariedades porque se descubrieron bajas de precios sin ponderar, es decir, haciendo una media aritmética entre las ofertas de los concursantes, sin valorar en qué bajas sale más beneficiado el Ayuntamiento. Por ejemplo, un ofertante proponía bajas en la “instalación de jacuzzi en un colegio”, por lo que cobraría 250 euros la hora. Pero resultaba intacta la hora de enfoscado de una pared, 30 euros.