Lunes negro para Coalición Canaria

Alguien debería revisar los conductos del aire acondicionado que llegan al despacho de Santiago Negrín en la sede tinerfeña de Radio Televisión Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Algún ser extraño parece haberse colado en ellos y, al ser respirado por quienes más frecuentan esa dependencia, provoca una especie de chifladura majadera que impide ver con raciocinio lo que está pasando. Debe ser el mismo bichito que anida en los conductos del aire acondicionado de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, incapaz de reconocer la evidencia a pesar de que le esté aplastando con su inmenso tonelaje.

Santiago Negrín se mueve desde hace tiempo en el filo de la navaja en la errónea creencia de que le basta con tener informes jurídicos favorables a su comportamiento para blindarse ante posibles acciones penales. Por eso esconde la última acta del consejo rector de RTVC como un chiquillo esconde el balón de reglamento para que nadie le pueda meter un gol a su equipo. Alguien le debe haber hecho creer que las advertencias de la secretaria de ese consejo sobre la ilegalidad de sus comportamientos solo tendrán efectividad cuando el acta de la reunión en la que las proclamó esté aprobado por los presentes. Y que, mientras tanto, solo tienen vigor los informes que le han elaborado a la medida sus juristas de cabecera en pay per view.

Todos ellos, juristas y cuadro directivo de RTVC, se tropezaron este lunes con un inesperado auto de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que no solo ha paralizado cautelarmente el concurso de informativos de 144 millones de euros, sino que además ya ha lanzado un aviso de por dónde puede venir la sentencia cuando el mismo juzgador entre en el fondo del recurso presentado contra ese famoso concurso: la nulidad de pleno derecho.

Como muchas personas vienen advirtiendo desde noviembre de 2017, el concurso de marras está fuera de le ley por no haber sido convocado y aprobado por el consejo rector de RTVC, por lo tanto, estaría fuera de la ley el primero -declarado desierto- y este segundo (negociado sin publicidad) cuyo primer esperpento público tuvo lugar este lunes en la mesa de contratación. De momento, Negrín mantiene la convocatoria para la segunda sesión, a celebrar el miércoles, para abrir dos de los segundos sobres que quedan por abrir (uno ya se abrió por error ante la protesta de los presentes). Luego tendrá que ir el viernes al Parlamento a explicar lo ocurrido, lo que permitirá al público municipal y espeso conocer la posición de los grupos parlamentarios que nos representan.

Resulta sorprendente la capacidad de este hombre para empotingarse cada día un poco más en la ciénaga de este concurso en lugar de pararse a analizar las posibilidades (escasas) de que triunfe como lo tiene diseñado y las otras (altísimas) de que los que le embarcaron en esta aventura lo dejen tirado como una escupitina en el momento en el que el capitán ordene abandonar el barco, y las ratas -como es norma- ya estén a kilómetros del muelle. Si se leyera, por ejemplo, la reseña de los periódicos de Editorial Prensa Canaria sobre el auto de este lunes vería claro que todo se tambalea seriamente, incluida esa larguísima luna de miel con una parte de la parte contratante.

El momento procesal marcado este lunes con un estruendoso gong deja en pelota picada a los que han defendido la continuidad de Negrín al frente de RTVC por acción (Coalición Canaria) o por omisión (Partido Socialista); al Gobierno de Clavijo, que ha dejado que su viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, alentara a sus dos muchachos en el ente (Daida Rodríguez y Santiago Negrín), y al Tribunal de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, cuyo presidente, Pedro Gómez, bien haría en ponerse rápido a resolver el recurso que tiene sobre la mesa porque el juez le dio un toque de atención parecido al que se llevó Negrín. Cuidadín, cuidadín.

Los fastos del vigésimo quinto aniversario de Coalición Canaria se empañaron este lunes, además, con la citación a declarar como investigado (imputado, sospechoso…) al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, por el famoso caso Grúas. Tiene derecho a defender su presunción de inocencia hasta el final, pero a tenor del rasero marcado por los dos autos de la Audiencia Provincial, que parece conocer mejor el asunto que la mismísima jueza instructora, todo hace pensar que el alcalde no será la última autoridad en ser citada a dar explicaciones. No hay que descartar que el siguiente sea Fernando Clavijo, pero eso ya sería en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.