Piruetas para salvar el Mamotreto

El más dicharachero editorialista de Barrio Sésamo, don José Rodríguez Ramírez, ha negado públicamente que él esté detrás de las instrucciones milimétricamente ejecutadas por sus más conspicuos mariachis en las instituciones tinerfeñas que añoran el viejo poder de ATI y claman por la restitución de la figura de Miguel Zerolo. Lo desmentía, con Pepito, del único modo que es capaz, mostrando esa querencia fascistoide que le cuesta disimular hasta cuando habla de independencia: “El Día no le dicta a ningún partido político lo que debe hacer. En nuestros editoriales criticamos lo que nos parece que está mal y defendemos con uñas y dientes lo mejor para el pueblo canario. Y lo mejor es su libertad; un preciado don que ahora nos usurpa España”. Hasta ahí los argumentos, porque lo demás, publicado el sábado en su cada vez más esquizofrénico editorial, eran más insultos y más machangadas propias del personaje que las dicta y de los dos amanuenses que lo idolatran. No es una broma lo que está ocurriendo con la resurrección de la corrupción en Tenerife, materializada a través de la defensa que se está haciendo desde muy poderosos núcleos de la vieja oligarquía empresarial del sostenimiento del Mamotreto de Las Teresitas como símbolo de una manera de ejercer el poder que se resisten a abandonar. Lo que es bueno para Tenerife, aunque se haya conseguido robando o saqueando las arcas públicas, hay que defenderlo numantinamente, da igual que sea un auditorio que cuadriplicó su precio que la operación de Las Teresitas o este primer hito merecedor de condena penal que tratan de mantener enhiesto en memoria de aquellos tiempos. Casualmente, pero menos, ese núcleo oligárquico de la vieja guardia es el que prefiere un relevo al frente de Coalición Canaria para volver a atraerse hacia el poder histórico de ATI lo que Paulino Rivero ha intentado (al menos) equilibrar de algún modo entre otras islas, principalmente Gran Canaria. Posiciones tan abiertamente hostiles contra Rivero como las protagonizadas por el alcalde de La Laguna o el presidente del Cabildo tinerfeño van principalmente en la línea de regresar a aquel diseño primitivo de las AIC (Agrupaciones Independientes de Canarias): cada isla es un mundo, un universo cerrado, y en ese universo, todo ha de girar en torno a Tenerife. Y el Mamotreto es, en estos momentos decisivos, su bandera.

¿Necesario para canalizar el barranco? ¿En serio?

A la ceremonia se sumó este domingo el periódico Diario de Avisos, al que una mano caritativa filtró un informe municipal según el cual la Demarcación de Costas autoriza la canalización del barranco de El Cercado manteniendo el Mamotreto en su sitio, según el proyecto ilegalmente ejecutado obra del arquitecto Parrault. Los defensores del adefesio han querido ver en esa autorización una bendición por parte de la misma Administración (Dirección General de Costas) que en el pasado denegó todo tipo de autorización para que el Mamotreto invadiera zona de protección marítimo-terrestre, razón principal por la cual es ilegal e ilegalizable. La noticia del Diario de Avisos se condimenta con un cálculo de los costes de canalizar el barranco con o sin Mamotreto, sumando a esos costes el del derribo del edificio (más de un millón de euros, según sus estimaciones), obviando tres consideraciones nada baladíes. La primera, que en todo caso, el coste de la demolición y su desescombro ha de correr por cuenta de los condenados si la sentencia, cuando adquiera firmeza, así lo estima. La segunda, que el informe de Costas se ha elaborado en base a la preexistencia de ese edificio, y que habrá de elaborar otro proyecto en el que se contemple esa canalización del barranco sin el Mamotreto. Y tercera, la más importante de todas, que borra de un plumazo cualquier otra consideración: si el Mamotreto es ilegal y por sentencia judicial hay que demolerlo, no hacerlo conllevaría desobediencia. Lo que nos faltaba por leer es que para canalizar cada barranco en Canarias sea necesario hacer un Mamotreto ilegal en su desembocadura. Todo vale para la causa, parece.

A Telde se le ven las entrañas (y los abogados)

Ha resultado verdaderamente conmovedor ver la palabra “transparencia” asociada a un enlace en la web del Ayuntamiento de Telde. Conmovedor porque nos consta que una parte poco significativa del actual grupo de gobierno está intentando con escasos resultados desde 2011 darle la vuelta al mal fario que ha presidido desde 2003 los designios de esa Corporación y de la ciudad que pretende gobernar, y conmovedor porque, en contra de esos intentos, muy poco se ha conseguido. Ha caído Guillermo Reyes devorado por su propia ambición, y poco después –aunque peleando como gato panza arriba- su mano derecha de algunas correrías, José Luis Mena. Pero continúan los malos hábitos y algunos personajes nocivos para la buena marcha de la institución como el concejal Fran López, precisamente artífice de esa transparencia tan bien intencionada. El periódico Canarias7 se atrevía este domingo a desvelar unos leves aspectos de esa incursión en la buena gobernanza relatando que el consistorio teldense de ha gastado más de cinco millones de euros en los últimos ocho años solamente en representaciones jurídicas, es decir, en abogados y procuradores, pero dejando a la curiosidad del lector la búsqueda de los nombres y apellidos de los beneficiados. Nosotros, que no tenemos por qué martirizar a nuestros lectores ni dejarlos a medias, ya les adelantamos que el bufete que más dinero ha cobrado por ese concepto en el periodo 2006-2013 ha sido el de José Mateo y José Mateo, padre e hijo, que fueron contratados durante el cuatrienio negro para hacer cargo de muchas defensas y que estuvo cobrando hasta el año 2010 hasta perder todos los contratos. Entre otras facturas, como adelantó Canarias Ahora en marzo de 2013 (antes del ataque de transparencia) aparece una de más de 73.000 euros que el prestigioso e influyente despacho cobró por defender a Guillermo Reyes de un pleito por prevaricación por su actuación en el caso de La Mareta, ejecutado por él cuando fue concejal de Urbanismo en el cuatrienio negro. Sólo en un año, 2009, el despacho del ex presidente del TSJC y ex magistrado del Supremo cobró más de 468.000 euros. Y algún pleito llegó a plantear para cobrar más de lo que le quisieron pagar los sucesores del cuatrienio.

El abogado de Mena toma el relevo

Que los Mateo & Mateo eran los abogados de cabecera del concejal Guillermo Reyes y de todas sus actividades clasificadas, molestas e insalubres da cuenta esa abultada contratación en el cuatrienio negro y la reducción a cero de cualquier tipo de encargo posterior, por mucho que estuvieran cobrando hasta 2010 por la lógica de la larga tramitación de los expedientes municipales. Tras llegar de nuevo el PP al gobierno municipal, Reyes no pudo hacerse con el control de esas contrataciones; en su lugar lo asumió primero Sonsoles Martín (PP); luego Pablo Rodríguez (CC), y ya en 2013 el concejal Fran López, defenestrado de Urbanismo, que enseguida encuentra un sustituto de fiar, el letrado José Gerardo Ruiz Pasquau. De fiar para López y de fiar sobre todo para José Luis Mena, porque es al despacho de este letrado en la calle Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria al que se remite a los interesados e interesadas en resolver sus problemas con el urbanismo teldense, hasta diciembre pasado en manos del muy mentado Mena. Y es Ruiz Pasquau quien ejerce de combativo abogado defensor de este polémico ex jefe de Urbanismo y ex jefe de Recursos Humanos en el juicio que se sigue estos meses en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el llamado caso Europa. Sólo el año pasado, que está aún “en proceso”, según la web del Ayuntamiento de Telde, este letrado facturó al consistorio la módica cantidad de 93.517 euros. Lo que en el mundo de la compostura y el apaño se llama coser para casa y para la calle. Como hacían los Mateos en tiempos más gloriosos.

El Diputado del Común que el PP no quiere

Puede haberles pasado desapercibido un dato muy relevante incluido en una de las noticias de la semana. Les hablamos de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife contra dos ex concejales de Urbanismo del Puerto de la Cruz, ambos del PP, por haber permitido (y, llegado el momento procesal, mirado para otro lado) una construcción ilegal cuyo expediente dejaron presunta y voluntariamente caducar. La denuncia de la Fiscalía no se realiza de oficio, ni siquiera tiene detrás a un particular instando a esa actuación. Quien promueve esa acción del Ministerio Público es, ni más ni menos, que el Diputado del Común de Canarias, que inaugura de este modo una manera de proceder inédita y, por lo tanto escandalosa. Es obligación de los ciudadanos y de los poderes públicos poner en conocimiento de los órganos judiciales competentes los indicios que puedan hacer sospechar de la comisión de un delito. Lo debe hacer por lo tanto el Diputado del Común, como lo ha hecho en otras ocasiones la Audiencia de Cuentas. Pero, ¿qué había pasado hasta ahora en ese órgano llamado a defender a los ciudadanos ante los atropellos de la Administración? ¿Acaso no había detectado jamás un comportamiento penalmente perseguible? Muy sencillo, lo que ha pasado es que también sus responsables han ido mirando consuetudinariamente para otro lado, porque puestos a echar un poco de imaginación a lo que se tiene que mover en esas oficinas, cuesta trabajo pensar que a lo largo de la existencia del Diputado del Común jamás haya saltado un comportamiento sospechoso de algún cargo público. La imputación inmediata de estos dos concejales portuenses del PP ofrece más motivos a ese partido para reclamar, como viene haciendo como un mantra, la disolución del organismo, y fortalece de una manera extraordinaria su propuesta alternativa de que sean los 60 diputados del Parlamento, del que depende, los que ejerzan sus funciones. Ya se empiezan a desencajar mandíbulas de las risas que daría ver a sus señorías mandando a la Fiscalía a cualquier pájaro de cuidado. Por lo tanto, cabe felicitar a Jerónimo Saavedra, aunque sólo sea por cumplir con su obligación.