Dos María Lorenzo

Una se llama María Lorenzo Hernández, es licenciada en Derecho, experta en televisión, y todavía aguanta estoicamente su posición de vocal del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC). La otra se llama María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Fabrizo, y es la magistrada titular de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, donde cayó por reparto la querella de la Fiscalía producto de una denuncia previa del Partido Popular contra los anteriores gestores de la misma RTVC, para entendernos, el caso Willy García.

La primera, María Lorenzo, compareció este lunes ante la Comisión de Control de la Radiotelevisión Canaria en el Parlamento de Canarias, en lo que seguramente supuso para ella un importante desahogo después de haber tenido que soportar las comparecencias que en el mismo formato ha hecho el presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín, al que acusó abiertamente de mentir como un poseso. Y no fue la única acusación: también relató una serie de hechos que probablemente resistirían una querella similar a la que llevó a la Fiscalía a creer lo que decía la diputada del PP Águeda Montelongo contra Willy García, o mejor dicho, contra Paulino Rivero en el culo de Willy García, que es exactamente la intención de esa denuncia cuya instrucción de repente ha sufrido un apagón informativo en los medios clavijistas, seguramente porque los testimonios que se están prestando en estos momentos desmontan estrepitosamente aquellos de los que llegaron como correveidiles ante la jueza sustentados solo en rumores y en apreciaciones personales.

María Lorenzo, la del Consejo Rector, estuvo valiente y no se mordió la lengua. Tiene su mérito porque a pesar de desempeñar un cargo público designado por el Parlamento de Canarias, no cobra por su desempeño ni un puñetero euro, y encima tiene que soportar insinuaciones de bloqueo o de rencillas personales que no se compadecen en absoluto con la realidad de un Consejo Rector del que ya han dimitido dos vocales, una a propuesta del PP y la otra a propuesta de Coalición Canaria. Y más o menos por los mismos escándalos y desafueros que María Lorenzo denunció este lunes ante sus señorías.

Y lo que denunció tiene muchísimo calado, tanto político como penal. Político porque ha vuelto a quedar en pelota picada la ley de la radiotelevisión pública de Canarias, la que prometía ser la solución a los desmanes del pasado. Y penal porque las irregularidades relatadas dejan también in puri naturalibus las diligencias previas que en su juzgado sigue con mucha pasión y mucha intensidad la otra María Lorenzo de nuestra historia de hoy, su señoría De Lorenzo-Cáceres Farizo.

Que el actual presidente del Consejo Rector de RTVC, administrador único de la sociedad pública, esté haciendo exactamente lo mismo por lo que está imputado su antecesor, Willy García, debería animar a alguien a ampliar las actuaciones al momento actual. Y, desde luego, a expulsarlo del procedimiento, donde precisamente se encuentra el señor Negrín y el ente que preside personado como acusación particular a título de perjudicado. Chupito.

Ante tamaño relato de irregularidades, a la portavoz de Coalición Canaria en la Comisión de Control, María Guadalupe González Taño, no se le ocurrió mejor ocurrencia que recomendar a la compareciente, María Lorenzo, que acudiera a los tribunales de justicia alegando para ello que es la obligación de un cargo público hacerlo cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito. Se le pasó por alto a la señora González Taño que para cargo público el suyo, y para titularidad de derechos los del Parlamento, que es el que ha nombrado a los miembros del Consejo Rector, incluido su poliédrico y chiripitifláutico presidente. Por cierto, propuesto por Coalición Canaria.

González Taño tuvo el cuajo de presumir ante la concurrencia de lo tranquilizador y relajante que a ella le parece que el Parlamento grabe todo lo que ocurre entre sus paredes y bajo su techumbre, una obligación reglamentaria que conduce a “que uno pueda mantener a lo largo del tiempo una dinámica que hoy nos permite a cualquiera de nosotros mantenernos y nos permite aclarar… y ahí están las grabaciones para comprobar lo que hemos dicho, lo que hemos votado y lo que hemos manifestado a lo largo del tiempo”. Efectivamente: si uno comprueba la trayectoria parlamentaria de la señora González Taño puede descubrirla presidiendo la comisión de investigación del caso eólico y, por lo tanto, permitiendo y avalando legalmente la más grave de las falsedades que ha parido la Cámara autonómica desde que nació esta vocinglera autonomía. Sí, doña María Guadalupe, están perfectamente grabadas y recogidas en acta sus tropelías parlamentarias, entre otras la comisión de algún que otro delito delante de sus propias narices sin que hiciera absolutamente nada. Para la posteridad.

Pero en esto de la política, el Parlamento y los juzgados hay más falacias, como las que en sede judicial se están produciendo en la causa que dirige nuestra otra María Lorenzo de la historia de hoy. La jueza María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo intenta por todos los medios encajar en el Código Penal la denuncia que en su día interpuso la diputada del PP Águeda Montelongo, transformada luego en querella por la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife. De repente, como por ensalmo, las filtraciones que se producían un día sí y el otro también de lo que en ese juzgado pasaba se han transformado en apagón informativo. Y si antes había apertura a cuatro columnas en los periódicos y en la radio que tienen el paraíso televisivo prometido cada vez que alguien incluía una nueva página en el sumario, ahora que los testigos de cargo empiezan a quedar como mentirosos (el Código Penal lo llama delito de falso testimonio), no sale ni una puta línea, oye. Hubiera sido deseable, por ejemplo, conocer el testimonio de la ex alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, que desmintió brutalmente a uno de los hooligans favoritos de la jueza, el tal Nacho Brea, que ha quedado como un mentiroso profesional. Castellano ha negado, entre otras cosas, que el anterior jefe de Producción de Televisión Canaria se le haya plantado en el despacho amenazándola con no sacarla en la tele si no contrataba a la productora Siete Mares para los asuntos municipales. La exalcaldesa dijo que ni siquiera conocía a Rubén Fontes, el famoso ex jefe de Producción, y esas se mantuvo incluso ante el empeño de su señoría de que se le mostraran fotos a ver si en una duda de ésas típicas de un no me acuerdo la testigo llegaba a decir que sí lo conocía. Otro chupito, ahí.

Algo parecido a lo que ocurrió con el veterano Carlos Taboada, puesto por Soria como director de cadena en los gloriosos tiempos de conchabo del PP con Coalición Canaria. Taboada negó rotundamente los tratos de favor que los testigos del PP han ido vertiendo en esta atolondrada causa penal. A ver si va a pasar aquí aquello de ir por lana y salir trasquilado, tan en el repertorio del malogrado José Manuel Soria, dicho sea sin animus cabreandi.

Alguien debería pasarle a la jueza María de Lorenzo el vídeo de la comparecencia de María Lorenzo porque de repente descubre que todo el monte es orégano. O no.