¡Oh!, ¡Zerolo!

Estos días se habla mucho de Justicia en Canarias, de la Justicia en Canarias, así, escrita en mayúsculas. Se ha abierto el año judicial por partida doble (en el TSJC y en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, un anacronismo tan asirocado como lo es esta tierra), con algunas críticas a la falta de medios (mira tú que noticia) y algunos cánticos difícilmente creíbles acerca de la independencia y la igualdad de todos los ciudadanos ante el invento en cuestión. También estos días corre de manera preocupante por el foro la suerte de que el tribunal que juzgó en el TSJC el caso Patronato va a absolver a la presidenta del PP de Fuerteventura y diputada regional de ese partido, Águeda Montelongo, acusada de prevaricación y malversación de fondos públicos para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió en el juicio la friolera de cinco años. Ya saben que la dama, en su calidad de mandamás del Patronato de Turismo de Fuerteventura, se dedicaba a invitar con fondos públicos –según el escrito de acusación- a dirigentes de su partido a cuchipandas en la isla haciéndolos pasar por aguerridos periodistas turísticos o actrices mexicanas de culebrones y otros lustres que permitieran justificar el dispendio. Si se confirmara el rumor, algo que comprobaremos en cuestión de días, Águeda Montelongo pasará a formar parte de ese altar erigido en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria a mayor gloria de otras grandes figuras del Partido Popular trincadas en posición embarazosa: José Manuel Soria, con sobreseimiento del delito de cohecho impropio por el caso salmón al haberse subido sin querer al avión del empresario Björn Lyng rumbo a Austria y Noruega, y Jorge Rodríguez, alicatado hasta el techo por tráfico de influencias en el caso Grupo Europa que sólo metió la puntita sin causar estragos. Hasta que no haya sentencia y la podamos leer con detenimiento no analizaremos el tamaño del escándalo puesto en relación con las cosas que anda soltando imprudentemente uno de los magistrados integrantes del tribunal. Pero confiamos en la Justicia, ¿verdad?, sobre todo en la que se imparte en los tribunales ordinarios que juzgan a gente ordinaria, el lugar que por méritos propios –le damos la bienvenida- ocupa Miguel Zerolo desde que abandonara las mieles del Senado español.

Y se libraron del cohecho

Miguel Zerolo también es –hasta que se demuestre lo contrario- paradigma de la impunidad. Ha estado ocupando cargos públicos con absoluta naturalidad después de que se conociera su participación en la operación de Las Teresitas y el quebranto económico que ésta supuso para las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: más de 52 millones de euros que a estas alturas nadie ha reintegrado, por falta de ganas y/o por inoperancia de las instituciones. El tiempo no lo cura todo, aunque las constantes idas y venidas de la causa a tribunales propios de aforados (primero el Superior de Justicia de Canarias, cuando a Zerolo lo hicieron diputado sus votantes, y luego al Supremo, cuando lo hicieron senador por la Comunidad Autónoma) hayan operado con esa intención, la de que el público municipal y espeso olvide el escándalo para que todo quede mimetizado en el paisaje de corrupción permanente en el que parece que estamos instalados. Pero, de buenas a primeras resulta que la causa sigue viva y se produce la apertura de juicio oral: peticiones gigantescas de condena (sesenta años) por prevaricación y malversación de fondos públicos que habrían sido mucho mayores si los investigadores hubieran conseguido enlazar el pelotazo que dieron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia (109 millones de euros sin mover una piedra y sin arriesgar un euro) con el enriquecimiento que algunos de los imputados experimentaron y que, en algunos casos, vincularon a su recurrente suerte con los juegos de azar. La Justicia, evidentemente, todavía no se ha pronunciado sobre los presuntos delitos cometidos, pero lleva un rosario de sentencias anulando esa operación que permiten a cualquiera concluir que la actuación política y administrativa fue un “pelotazo de libro”, como consta en los primeros escritos de Anticorrupción.

¿Pena del telediario?

Visto con cierta perspectiva el escándalo de Las Teresitas, resulta incluso insultante recuperar algunas intervenciones de Miguel Zerolo en medios de comunicación públicos y privados quejarse amargamente de ser víctima de una cacería periodística, de la famosa pena del telediario, lo mismo exactamente que viene haciendo Soria recurrentemente cuando habla de su breve transitar por los juzgados imputado en el caso Salmón. Los periodistas generalmente criticamos comportamientos políticos indecentes, y si el del salmón lo fue, el de Las Teresitas nunca dejó el menor resquicio de duda: Zerolo propició un pelotazo de libro que enriqueció a unos empresarios que vendieron al Ayuntamiento de Santa Cruz un frente de playa que era propiedad municipal desde 1967, y eso tras una sospechosa recalificación urbanística propiciada por el mismo consistorio. En una entrevista durante el programa 59 Segundos, de Televisión Española en Canarias en noviembre de 2010, Miguel Zerolo llegó a acusar a la prensa de Gran Canaria de estar detrás de una suerte de conspiración en su contra, acusación que amplificó al referirse a este periodista, del que dijo ser “alto dirigente del PSOE” (para lo que haría falta previamente como mínimo militar) y de “tener intereses empresariales” en el urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Ninguna de sus acusaciones se sostuvo a partir del minuto siguiente de ser proferidas mientras que las que pesan sobre él se han mantenido años después hasta colocarse en la antesala del juicio oral en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Y junto a Zerolo, se enfrentan a penas de prisión otros concejales y técnicos municipales que contribuyeron con su comportamiento a este vergonzoso escándalo. Zerolo y Manuel Parejo se arriesgan, además, a tener que entrar en prisión si resultan condenados porque ambos acuden al juicio con antecedentes penales por sus actuaciones respectivas en el caso García Cabrera y en el mamotreto de la misma playa de Las Teresitas. ¿Víctimas de una cacería mediática? Va a ser que no.

El día que Zerolo echó al PP

La hemeroteca es cosa muy puñetera. El procesamiento de Miguel Zerolo también nos animó a acudir a la prensa de Tenerife, por lo general muy dada a protegerlo de las inclemencias del tiempo, medidas las tales inclemencias en clave judicial y política, por supuesto. Hoy les acercamos una reacción muy airada que tuvo el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife cuando en 2009 decidió expulsar del paraíso del poder municipal a su socio del PP, al que recurrentemente acude ATI cuando le conviene. Los motivos no fueron electorales, como suele ocurrir seis meses antes de cada convocatoria. Corría el mes de julio de 2009 y sólo habían pasado dos años de las últimas municipales. El pecado del PP, o más concretamente de su portavoz municipal, Ángel Llanos, fue decir esta obviedad: “No es bueno que de los cuatro partidos [que integran la Corporación], tres tengan concejales imputados por diferentes acciones de la Justicia: está el alcalde imputado por el conflicto de Las Teresitas; el concejal de Servicios Públicos por una denuncia medioambiental; la actual de Urbanismo y el anterior por el caso mamotreto; están los dos nuevos ediles del equipo de gobierno, Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, por presuntos delitos, uno de amenazas y otro de encubrimiento, y se está investigando al concejal del CCN por una supuesta financiación irregular”. Un panorama verdaderamente estimulante que se convirtió en una constante. Zerolo se calentó y echó a Llanos, a lo que siguió un gesto de solidaridad del PP dejando a CC gobernando en solitario hasta que Soria puso orden y mandó arropar de nuevo a su amigo el alcalde poco después, con Llanos defenestrado. Al marcharse del Ayuntamiento y seguramente sin medir la trascendencia que habrían de tener sus palabras en el futuro, el líder municipal del PP soltó esta perla: “Se han quedado los imputados, nos hemos ido los honrados”. Resultó una pena que un año después conociéramos todos lo ocurrido en el mandato anterior (2003-2007) con el caso Bragagate en el que se vieron implicados unos cuantos concejales de su partido, entre otras la por entonces presidenta del PP tinerfeño, Cristina Tavío.

En un mal momento electoral

La noticia de la apertura de juicio oral contra Zerolo y otros imputados por el caso de Las Teresitas no llega en un buen momento para Coalición Canaria, aunque bien mirado, nunca es un buen momento para asumir que uno de los tótem del partido en Tenerife tenga que volver a pasar por el trance de un banquillo, con las consecuencias que puede tener para la imagen de la organización. Tratarlo de minimizar como hizo este martes el Diario de Avisos sólo conduce a la melancolía y al ridículo. Será un desgaste esa audiencia pública y las crónicas del juicio porque permitirán traer a la memoria de muchos ciudadanos aquellos episodios en los que algunos políticos, conjurados con empresarios y con una caja de ahorros, Caja Canarias, confabulaban para asaltar las arcas públicas por todas las vías posibles: la de la recalificación urbanística y la de la compra-venta inflada de una pieza de suelo propiedad del mismo ayuntamiento que la compraba. Imposible de superar. Partiendo de la base de que nunca viene bien a un partido desenterrar viejos cadáveres corruptos, es obvio que CC no afronta en sus mejores condiciones la inminente campaña electoral de las generales, que este martes en Madrid se situaban en el 13 de diciembre y no en el 20, como inicialmente se conjeturó. La quiebra interna producto del pulso entre Paulino Rivero y Fernando Clavijo y la errática deriva de los nuevos tiempos hacia el PP no permiten afrontar una campaña con un mínimo de fortaleza interna y de credibilidad pública. Si a eso unimos la alianza de Nueva Canarias con el PSOE, la nefasta política de nombramientos de altos cargos y patinazos tan sonados como el de la negociación con José Miguel Bravo de Laguna (Unidos por Gran Canaria) para configurar una candidatura por Las Palmas para el Congreso de los Diputados, la movilización interna en CC no va a ser tarea fácil. Sólo falta que la fecha del juicio se fije antes del 13 de diciembre, algo muy improbable por los plazos judiciales de los que gozarán las partes, a lo que se podría unir alguna genialidad de algún magistrado que, como ocurrió en Gran Canaria con el caso Faycan, se aventure a decir que no se pueden celebrar juicios en periodos pre electorales porque sufren los partidos que albergan a corruptos. Chócala ahí.

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