De pateras, lanchas y patrulleras

A la hora de cerrar esta edición continuaba cobrando del Ministerio de Justicia y ejerciendo como juez titular de Instrucción 3 de Arrecife de Lanzarote el polémico magistrado Rafael Lis Estévez. Su trayectoria profesional de estos últimos años ha estado trufada demasiadas veces de comportamientos que han merecido –de momento- varias recusaciones y la apertura de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial, mayormente por su excesiva cercanía a la corrupción que pretende seguir campando a sus anchas en la isla de Lanzarote. Allí, Rafael Lis ha pretendido erigirse en protector de los sospechosos de encabezar la red de corrupción más importante que jamás ha sufrido la isla. Unas veces permitiendo que su esposa actuara en su juzgado defendiendo al imputado Juan Francisco Rosa, otras actuando con “un sesgo claro a favor” de otro empresario del mismo clan, Luis Lleó; en otras, tratando de proteger a los mismos en la denuncia presentada por el magistrado César Romero Pamparacuatro, y finalmente, demorando indebida y sospechosamente una denuncia contra Lleó por alzamiento de bienes. Rafael Lis, por lo tanto, empieza a ser un estorbo grave para la lucha contra la corrupción, por lo que es urgente que se le aparte de sus funciones si lo que pretende el Poder Judicial es que la gente siga creyendo en la Justicia. Como colofón a sus disparatadas actuaciones, ahora ha obsequiado a la opinión pública con un auto infumable en el que archiva con cajas destempladas y con acusaciones muy graves a algunas de las partes personadas la penosa instrucción que se ha seguido en su juzgado del accidente que en diciembre de 2012 costó la vida a un inmingrante y la desaparición de otros seis al ser abordada la patera en la que llegaban a la isla por una patrullera de la Guardia Civil. Sostener que se pretendan ejercer derechos “desde la óptica del oportunismo político y mediático” o que se exige una investigación sobre lo que ocurre a unos migrantes porque es “políticamente correcto”, delata desde el primer párrafo al autor de tan lamentable resolución judicial

Las lecciones diabólicas de su señoría

A la vista del contenido de este auto, a Rafael Lis parece importarle exactamente una higa el esclarecimiento de la verdad, que es una de las funciones básicas que ha de tener un juez instructor. Las circunstancias en la que muere una persona, otras resultan heridas y otras seis desaparecen en el mar las sustituye frívolamente por una exposición de sus conocimientos de náutica y de la mar en la zona, seguramente adquiridos en la embarcación que utiliza para visitar los islotes y allí observar muy de cerca, pero que muy de cerca, la vida y la muerte de las pardelas cenicientas, especie protegida como él bien sabe. Una exposición que nadie le había pedido y que el magistrado acompaña de una defensa innecesaria del benemérito cuerpo de la Guardia Civil, como si quien pide una investigación sobre un suceso mortal estuviera poniendo en entredicho la paternidad que sobre el instituto armado tiene el duque de Ahumada. Lejos de profundizar en la aclaración de lo sucedido y analizar si se cometieron negligencias en aquel abordaje tan catastrófico y si se aplicaron o no los protocolos establecidos, Lis se dedica a exponer tantas justificaciones que, en realidad, termina convirtiendo en negligentes las decisiones tomadas por los mandos que estaban al frente de la patrullera Cabaleiro. El magistrado expedientado culpa al patrón o patrones de la patera de haberla dejado a la deriva: “cuando se suelta la caña, nunca mantiene un rumbo fijo sino que, en función del tipo de hélice, destrogira o levógira”, lo que tiene que ser un horror para el patrón de una patrullera que lleva focos, que conoce el protocolo y que teóricamente sabe a lo que se está enfrentando. Pero acto seguido, describe las condiciones de la patrullera del instituto armado: “avería en los deflectores del motor de jet de babor (…) lo que no sólo impedía el correcto gobierno de la embarcación, sino que la misma quedaba imposibilitada para invertir el sentido del jet (…) y en una situación de ciaboga permanente, debiendo corregir el rumbo, dificultosamente, a base de incrementar la potencia del propulsor de estribor, lo que provoca que la embarcación fuera difícilmente controlable”. En cristiano: la embarcación oficial no podía frenar con sus motores ni maniobrar adecuadamente, lo que unido a la avería en la lancha zodiac auxiliar que llevaba a bordo, extremo que el señor magistrado se salta también olímpicamente en su auto, conduce a preguntarse inmediatamente qué coño hace una patrullera en esas circunstancias socorriendo a una patera llena de gente en una mar que el propio juez califica de peligrosa.

Una instrucción viciada

Desde el principio, incluso antes de que Rafael Lis asomara por el juzgado de Instrucción 3 de Arrecife, la instrucción de esta causa estaba predestinada al fracaso por dos motivos fundamentales. El primero, sin duda, las circunstancias de las víctimas: migrantes a bordo de una patera a las que generalmente las autoridades españolas encuadran en la condición de delincuentes que vienen a quitarle el trabajo a los españoles de bien. El segundo complica más la cuestión: esos migrantes sufren un grave accidente a manos de una patrullera de la Guardia Civil, lo que activó desde el minuto uno todos los mecanismos de autodefensa del Estado. Empezó la Delegación del Gobierno en Canarias cambiando tres veces la versión de los hechos y luego agilizando de manera fulminante la expulsión de todos los testigos posibles y tratando de desacreditar a la juez de vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Victoria Rosell, que pretendía ofrecer acciones a los afectados. Siguió la fiscalía de la provincia de Las Palmas, poniéndose del lado de la autoridad gubernativa y negando tres veces la posibilidad de que una de las víctimas heridas fuera menor para evitar que se quedara en territorio español en un centro de menores. Y puso la guinda la primera juez de Arrecife que se ocupó del asunto negando la práctica de las pruebas que le pedían las defensas de los migrantes, negativa que se llevó su correspondiente revolcón de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que obligó al juzgado a practicarlas para llegar al fondo de lo sucedido. Pero esa imposición no gozó de mucho predicamento, entre otras cosas porque a la ceremonia de blindaje de los poderes del Estado se sumó el Ministerio de Fomento, a cuya comisión de accidentes marítimos el juzgado pidió que emitiera un informe sobre lo sucedido. La respuesta no podía ser más reveladora: el tamaño de la embarcación afectada, una mísera patera cargada de migrantes, no tiene la entidad suficiente para ocupar a un departamento de este calado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cómo no, dio la razón a Fomento y se la retiró a la jueza que pedía ese dictamen. También se pidieron los antecedentes profesionales del patrón de la patrullera, al que diversas fuentes han atribuido otros accidentes llamativos, pero la respuesta de la autoridad gubernativa fue la misma: esos informes no se facilitan.

El protocolo, por el forro

Con la llegada del magistrado Rafael Lis al juzgado, la deriva oscurantista de la instrucción muta a disparate, como evidencia el comentado auto de archivo. Lis aplica a la causa su experiencia de navegante en yates de recreo y obvia con un desprecio indigno de su profesión lo que dicen las normas de salvamento, entre otras cosas, que no debe acometerse una acción así con una patrullera de la Guardia Civil, y no solo por preservar la integridad de las personas que han de ser rescatadas de la mar, sino para salvaguardar la vida de los agentes de la Guardia Civil. En este trágico suceso, en el que muere una persona y seis se dan por desaparecidas en la mar, nadie activa el protocolo de salvamento, recogido en un convenio de agosto de 2005 firmado entre la Guardia Civil y la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (Ministerio de Fomento), particularmente destinado a “actuaciones encuadradas con la inmigración” y con “embarcaciones carentes de medios elementales de seguridad, sobrecargadas o sin propulsión, en base al riesgo potencial de sus ocupantes”. Ese protocolo dice claramente que “ante una emergencia que suponga riesgo para la vida humana en la mar” y en el caso de “que se requiera una respuesta urgente” (…) “se intervendrá siempre bajo la coordinación y dirección del Centro de Salvamento Marítimo”. El sentido común y la experiencia dictan que un rescate de este tipo debe hacerse exclusivamente con embarcaciones diseñadas a tal fin, con la borda baja, y no con una patrullera pensada para otros menesteres que, en este caso y para colmo, no reunía las mínimas condiciones de seguridad para la navegación. Más negligencias eran imposibles, y eso sin relatar los sucesos en sí mismos, recogidos fielmente en un vídeo del SIVE de la Guardia Civil.

Italiana y de Greenpeace

Distinta suerte ha corrido, por fortuna, la investigación sobre el accidente sufrido por activistas de Greenpeace casualmente frente a las mismas costas de Lanzarote, aunque mar adentro, al pretender protestar contra las prospecciones de José Manuel Soria, perdón, de Repsol, en busca de petróleo a más de 3.000 metros de profundidad. Del abordaje de lanchas de la Armada española contra las de esos activistas también hay vídeos, por supuesto de mejor calidad y de día, y en ellos queda patente la violencia inusitada que aplican los marines españoles en cumplimiento de órdenes de proteger una actividad privada en aguas internacionales. A diferencia del caso de la patera, los abordados no eran migrantes indocumentados en busca del bienestar occidental, sino europeos con papeles en regla y pertenecientes a una organización ambientalista internacional de reconocido prestigio. Aún así, también este atropello de las fuerzas españolas gozaron inicialmente de la protección y defensa de las autoridades, que calificaron a los activistas de piratas en patrióticas intervenciones en el Congreso de los Diputados y otras sedes respetabilísimas del ordenamiento constitucional español. También el Tribunal Supremo despreció las denuncias iniciales de Greenpeace, dirigidas contra el presidente del Gobierno y cuatro de sus ministros, hasta que el magistrado José de la Mata ha decidido imputar a los militares que participaron en la escaramuza y a la activista italiana que resultó herida, a la que se acusa de desobedecer las órdenes de la autoridad –militar, por supuesto- que operaba sobre el terreno. Las dos causas continúan vivas, porque a esta de la Audiencia Nacional habrá de sumarse el recurso que SOS Racismo, entre otros, han interpuesto ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el macarrónico auto de archivo del juez Rafael Lis. Hay testigos a los que se ha impedido hablar, y pruebas que no se han practicado. El buen nombre de la Justicia merece que nada de esto se tape sin una investigación seria.