Con todos estos elementos sobre la mesa, la sentencia del Juzgado de lo Social número 4, las actas de la Mesa de Contratación que acabó adjudicando la seguridad del Cabildo a Serramar, el informe demoledor del jefe de los Servicios Jurídicos del Cabildo y el resultado de las investigaciones internas de la compañía, sólo falta que Seguridad Integral Canaria interponga una querella en los juzgados. Lo hará, según confirmó este lunes Miguel Ángel Ramírez, inicialmente contra el ex coordinador de la empresa para los servicios del Cabildo, José Ángel García, pero sin descartar que las responsabilidades se extiendan a los que fueron sus cómplices dentro del servicio, los vigilantes despedidos, y contra los funcionarios y responsables políticos de la Corporación que cooperando, permitiendo o desoyendo las denuncias verbales, no actuaron convenientemente.