No podemos negarles que todo pueda ser producto de la casualidad, pero ya tiene mucha guasa que el actual alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, ordenara la semana pasada cobrar a la UTE que construye el centro comercial de la villa los casi 700.000 euros que el consistorio le había perdonado de modo reiterado estos últimos tres años, contraviniendo acuerdos plenarios y recomendaciones de la Audiencia de Cuentas. Lo hizo, y ahí viene la coincidencia, días después de que el magistrado Florencio Barrera, titular del juzgado de Instrucción 4, firmara el auto de procesamiento en el que se incluye a Lucas Bravo de Laguna para que sea juzgado por los presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales y/o prevaricación administrativa. ¿Conocía la existencia de este auto el Niño Lucas cuando mandó cobrar esas tasas tan gentilmente perdonadas? No parece haberle servido de mucho reiterar ante el juez que él no tenía firma delegada y que, por lo tanto, no es responsable del delito por el que tendrá ahora que responder ante un tribunal.