La cabeza loca de la AEC en los últimos años podría llevarle a un apuro grave ante la Administración autonómica. Ya se le exige a la patronal la formalización de un aval por ese importe de 300.000 euros, en lo que se aclara qué fue lo que pasó con aquellos cursos cuya veracidad anda en entredicho. Podría tratarse de cursos de gestión empresarial y no necesariamente de construcción, como era norma hasta entonces. Se celebraron en los locales de la MBA, que los cedió para la ocasión, pero contaron con la intervención de una empresa especialista en cursos de formación a la que seguramente se le subcontrató algo más de lo permitido. Y por ahí vienen todos los problemas, según quienes conocen el expediente. Los nombres del desaguisado son varios, pero vayan anotando el de Jorge Rodríguez, ex secretario general de la AEC, y de su última presidenta, Heidi Arocha, que ha gestionado el tramo final del expediente.