Temores y sospechas de Sánchez-Simón

Los temores de Javier Sánchez-Simón, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, están más que justificados. Lo están esperando en la bajadita. No uno, ni dos, ni tres empresarios; no uno, ni dos, ni tres políticos. No uno, ni dos, ni tres contribuyentes corrientes y molientes. Mucha gente, muchos empresarios, políticos y contribuyentes, como le pasa a todo aquel que a lo largo de una trayectoria pública ha dejado cadáveres en el armario y, como es el caso que nos ocupa, quien se empeña en no retirarse prudentemente cuando se le han acabado las siete vidas. Sánchez-Simón, el Javier Sánchez-Simón del año 2015, ya no tiene el poder político que alguna vez acumuló. Sólo es un inspector de la Agencia Tributaria, y con esos atributos (escasos o suficientes, según se mire) ha pretendido ser igual de influyente de cuando ejerció de todopoderoso portavoz económico del PP en el Parlamento de Canarias y negociaba los asuntos más decisivos para Canarias. Salió de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el verano de 2011 tras una prórroga que él mismo forzó con el fin de rematar esa gran chapuza administrativa y de ingeniería que ha sido la construcción del muelle de La Esfinge. Porque su mandato debió haber terminado en octubre de 2010, cuando Soria, presidente del que fuera su partido, decidió romper el pacto con Coalición Canaria en un intento fallido de diferenciarse para luego volver al revolcón. Sánchez-Simón pidió a alguien que tenía acceso directo e influyente tanto a Soria como a Paulino que intercediera por él para salvarse de aquella debacle, y ese alguien hizo las gestiones para que así fuera. Quería aguantar unos pocos meses más para tratar de salvar el escándalo que se avecinaba con la recepción de las obras del muelle de La Esfinge, y ese lapso podía ser crucial. Quien hizo de embajador para conseguir esa prórroga fue el empresario Germán Suárez, que se tuvo que emplear a fondo, particularmente con José Manuel Soria, para quien Sánchez-Simón había pasado de ser un prometedor dirigente a un traidor que había desobedecido algunas de sus órdenes estrictas. A Germán Suárez le salió caro el favor porque una vez su apadrinado regresó a la Agencia Tributaria le abrió un acta de inspección que ha terminado con el presidente de Astican imputado por delito fiscal nada menos que por 27 millones de euros. 

¿Quién mandó investigar a Sánchez-Simón?

Cuando llegó el momento de hacer el hatillo y dejar el flamante despacho de presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez-Simón no había logrado resolver el problema de La Esfinge. Confiaba en que su sucesor hiciera lo mismo que todos sus predecesores en el cargo, mirar para otro lado y enterrar con millones de los contribuyentes los pufos heredados. Pero en cuanto supo que Luis Ibarra iba a acudir a la Fiscalía Provincial de Las Palmas para denunciar las irregularidades en la construcción de La Esfinge, se adelantó denunciando que su sucesor había liquidado unas obras plagadas de irregularidades, es decir, plagada de las irregularidades que se habían cometido bajo su mandato y que él pretendió endosar a la UTE que las ejecutó. La Fiscalía se lo toma con calma y desde diciembre está investigando ambas denuncias para separar galgos de podencos y comprobar qué fue lo que pasó en ese muelle. Lo mismo que hizo con La Esfinge acaba de hacer Sánchez-Simón con una supuesta investigación policial que asegura que le están haciendo por coser para la calle. Es decir, presuntamente por ejercer simultáneamente como inspector de la Agencia Tributaria y como asesor fiscal al frente de un despacho al que, en teoría, acuden por la tarde los contribuyentes acuciados por los inspectores de Hacienda por la mañana. El despacho fue en su día de su titularidad y se encuentra en la calle Muro (Wall Street), de Las Palmas de Gran Canaria. Sánchez-Simón no oculta que durante muchos años fue un complemento a su actividad política, la que ejercía como parlamentario y portavoz económico del Partido Popular en la segunda mitad de los noventa y primeros años del siglo actual. Dice que lo investiga la Policía y que, según un chivatazo de un agente de ese cuerpo, lo piensan detener con gran aparato mediático, es decir, una detención a lo Rato. Con ese soplo y lo que él deduce, Sánchez-Simón ha acudido a la Fiscalía, quizás ignorando que pudiera ser ese órgano quien haya ordenado al Cuerpo Nacional de Policía una investigación así, aún sin judicializar. Pero a nosotros nos consta que de esa investigación se ocupan en jefatura personalmente, y con reporte restringido al jefe superior, la comisaria provincial, Sagrario de León y el número dos de la UDEF. Y que de todo ello tiene conocimiento puntual la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. De ahí a Soria no hay más que una marcación abreviada.

  

Nula información sobre el ‘Olegario’

Quince días después de que se hundiera en las cercanías de Gran Canaria el arrastrero ruso Oleg Naydenov, continúan sin despejarse algunas claves. Al capitán marítimo de Las Palmas, Pedro Mederos, le han prohibido hablar, y lo más lejos que ha llegado con su posicionamiento público ha sido ratificar este martes en el consejo de la Autoridad Portuaria, del que forma parte, la exposición del responsable de seguridad de ese organismo. Los que le conocen saben que en esta crisis, como ha hecho en otras, jamás toma una decisión de calado sin consultar “con Madrid”, es decir, con el Ministerio de Fomento, lo que explicaría que hasta el momento nadie haya sido capaz desde el Gobierno de España de endilgarle al hombre todas las responsabilidades. La ministra del ramo, Ana Pastor, no para de explicar que las decisiones políticas están supeditadas a las que previamente recomiendan los técnicos. Lo hizo cuando estalló esta crisis del Olegario y lo está haciendo ahora –con mayores precauciones- con la que se ha generado en Baleares tras el incendio de un ferry que también amenaza con crearle un problema de vertidos contaminantes. El caso es que nadie da información que aclare la derrota de 30 horas que siguió el pesquero ruso desde que fue sacado del Puerto de La Luz, primero al sur de Fuerteventura y luego al Sureste de Gran Canaria. Nadie concreta si se hundió por la gran cantidad de agua que almacenaba en sus bodegas o si lo hundieron, y por supuesto, nadie reconoce que quizás hubiera sido mejor trasladarlo a un lugar acotado del recinto portuario para acabar con las tareas de extinción y, en caso de peligro, hundirlo allí mismo para luego sacarle el fuel de manera segura y sencilla. Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente se cubre de gloria afirmando que el barco fue sacado de La Luz para evitar que contaminara a las potabilizadoras de la ciudad (¿?), lo que devuelve al debate lo que su propio ministerio despreció cuando lo que se le decía era que las plataformas de Repsol amenazaban en caso de accidente las desaladoras de Lanzarote y de Fuerteventura. Por cierto, ¿qué es del tal José Manuel Soria? No se le ha oído resollar en muchos días tras esta crisis.

 

Soria, en capilla

Hablando de Soria. No se pierdan la información que ha ofrecido en El Diario.es nuestro compañero Antonio Vélez. Las asociaciones de empresas de renovables parecen ir muy en serio con sus acciones judiciales contra el Gobierno de España por el hachazo que profirió al sector en 2012 no se sabe muy bien con qué intenciones, aunque todos nos las podamos imaginar sin demasiado esfuerzo. Las acciones tienen dos vertientes, una puramente contencioso-administrativo, en la que están personadas centenares de empresas de todo el mundo ante el Tribunal Supremo, y una muy puñetera que podría colocar al señor ministro ante la Fiscalía Anticorrupción. Los denunciantes se van cargando de razones para exigir de Soria responsabilidades penales por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación, al haberse inventado una ristra de informes de muy reputadas consultoras internacionales para ese recorte a las renovables. Informes que no existieron y, los que estuvieron a punto de existir, fenecieron por negarse sus autores a prestarse al mangoneo ministerial. A una de esas consultoras, Industria le llegó a pedir hasta tres informes, a ver si las conclusiones podían acercarse a las pretensiones ministeriales. Si al ministro y a los altos cargos que pudieran haber tenido relación con esta maquinación se les exigieran responsabilidades patrimoniales, la cantidad de ceros que el sector declara haber perdido por esta cacicada harían inabarcables los daños y perjuicios. Y no será la única reclamación a la que tenga que hacer frente este fenómeno de la gestión pública, que ya se sabe que cuando se entra en barrena, las desgracias nunca vienen solas.