Esta guerra del tráfico de influencias en su versión más dañina y hedionda no parece ir con Jorge Rodríguez, que este lunes, al conocer la noticia, declaraba a Teresa Cárdenes (7.7 Radio) que para él nada ha cambiado, que estar imputado todos estos años y que le canten al oído la petición de cárcel que formula Anticorrupción es la misma cosa. Ni un atisbo de reconocimiento de los delitos, ni una explicación sobre los hechos por todos conocidos que han conducido al fiscal a pedir para él dieciocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación; y, por su puesto, ni una brizna de arrepentimiento, ni un brote verde de propósito de la enmienda. “Ahora me voy a dedicar a defenderme”, ha declarado, como si hasta ahora no hubiera tenido esa oportunidad, que la sigue teniendo porque para eso vivimos en el Estado de Derecho en que vivimos, muy a pesar de su partido. En su pose estirada y alicatada hasta el techo, JR se olvida de cuestiones fundamentales como la ética, el honor y la buena imagen del PP y de las instituciones. Y se olvida de dos resoluciones de su propio partido, una de 2009, el Código de Buenas Prácticas, aprobado con gran aparato eléctrico por el Comité Ejecutivo Nacional, reunido bajo la presidencia de Mariano Rajoy; y se olvida también de un acuerdo mucho más reciente, tomado este mismo año en Tenerife, en el marco del XIII Congreso Regional del PP. En su aplicación, a estas alturas de la película debería haber sido expulsado del partido. No va a ocurrir, no se entusiasmen.