Nadie puede vaticinar a día de hoy el alcance que pueda tener la última operación sospechosa protagonizada por el Partido Popular de Canarias. La adjudicación a una empresa de nuevo cuño de un contrato sanitario por valor de 125 millones de euros en los últimos días de permanencia de los conservadores en el Gobierno de Canarias puede no tener mucho recorrido penal, pero está suponiendo un extraordinario desgaste de la imagen de José Manuel Soria y su prometedor equipo de ejecutivos, y más en concreto de Mercedes Roldós, una de sus más íntimas colaboradoras. Pero, aún aparentando no tener mucho recorrido jurídico este concurso (salvo que se logre probar alguna conexión entre la redacción de las bases, los informes técnicos y los adjudicatarios), la trayectoria administrativa del PP en las instituciones canarias aconsejaría una investigación en profundidad de todos los aspectos del caso Roldós. Porque llueve sobre mojado, porque se repiten patrones de comportamiento, porque hay pruebas contundentes del escaso respeto por la legalidad vigente que ha tenido el PP en algunos concursos. La acumulación de esos casos, cerrados de aquella manera en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, o aún por investigar en instancias judiciales, hacen presagiar para Soria un final de legislatura bastante accidentado.