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Canarias ha pagado ya más de cinco millones a Indra por el programa que provocó un agujero en sus ingresos

El Parlamento de Canarias ha pedido a la Audiencia de Cuentas un informe de fiscalización para aclarar a cuánto asciende la pérdida de recaudación tributaria derivada de los problemas originados por el cambio de sistema informático en 2016

Los trabajadores de la empresa pública Grecasa denuncian que, a pesar de que el principal problema -la desaparición de la lista de deudores- se ha solventado, las dificultades en su tramitación aún persisten

Indra reconoce que el proceso de implantación ha sido complejo, pero asegura que el programa ya funciona de forma correcta e, incluso, ha aumentado la eficiencia de la Agencia Tributaria Canaria

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Edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria, donde trabajan los empleados de Grecasa.

Edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria, donde trabajan los empleados de Grecasa. ALEJANDRO RAMOS

Entre diciembre de 2016 y enero de 2018, la empresa pública encargada de la recaudación de impuestos propios y cedidos de Canarias, Grecasa, dependiente de la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, no cobró ni un solo euro procedente de embargos de cuentas de deudores. Un mes antes, apenas había percibido por este concepto 78.000 euros, una cifra muy alejada de los 3,2 millones que había recaudado en octubre, los 1,7 de septiembre o los 2,1 de agosto. La media de ingresos hasta noviembre se situó en los 2,2 millones de euros al mes a través de estos embargos.

La razón de este y otros agujeros en los ingresos de la comunidad autónoma hay que buscarla en la implantación, el 25 de octubre de 2016, de un nuevo sistema informático en la recaudación en vía ejecutiva de la Agencia Tributaria Canaria, el denominado M@gin (Modelo Automatizado de Gestión de Ingresos), desarrollado por la multinacional española Indra, que está participada en un 20% por fondos públicos (a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -SEPI-) y que, entre otros muchos servicios, se encarga del escrutinio de los resultados electorales en el país.

Desde que, en octubre de 2013, se externalizara el servicio, hasta entonces en manos de los propios trabajadores de la empresa pública Grecasa, Indra ha percibido más de cinco millones de euros por la puesta en funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de un aplicativo informático que, según los partidos de la oposición, ha provocado pérdidas de “cientos de millones de euros” a las arcas públicas. Esta misma semana, el Parlamento regional aprobaba por unanimidad una propuesta de todos los grupos, a excepción de CC, el partido de Gobierno, para solicitar a la Audiencia de Cuentas un informe de fiscalización específico que aclare cuánto dejó de recaudar la Comunidad Autónoma por problemas derivados del cambio de sistema. 

Los trabajadores de Grecasa, que el pasado 9 de febrero alcanzaron un acuerdo con la gerencia de la empresa para suspender la huelga laboral iniciada 25 días antes para reclamar la equiparación salarial con el personal de la Agencia Tributaria Canaria (un paro que ocasionó un caos informático que aún perdura), atribuyen al M@gin la pérdida de recaudación.

Representes sindicales de la sociedad pública han denunciado a este periódico que el sistema comenzó a funcionar “sin garantías, sin fase de prueba y sin una implantación robusta”. “La recaudación estuvo parada desde el 25 de octubre de 2016. No podíamos hacer nada, ni embargos, ni cargar deudas, ni notificaciones... Los expedientes prescribían sin ni siquiera haberse podido tramitar”. Aunque el principal problema, la desaparición de los datos de los deudores tras el trasvase, ha sido ya solventado, el módulo “sigue sin funcionar de forma correcta”, según los empleados, que ponen como ejemplo de estas deficiencias la carencia en la actual plataforma de un sistema de control automático de las alarmas por prescripción de los expedientes, lo que les obliga a consultar en el anterior “de forma manual” para evitar que las deudas caduquen. Los embargos dobles o, incluso, de salarios mínimos, constituyen otras de las anomalías detectadas por la plantilla desde entonces.

“Las dificultades para realizar cualquier trámite ha impactado en la recaudación y en los resultados de Grecasa”, sociedad con tendencia a obtener beneficios que, sin embargo, como consecuencia de esa paralización en la vía ejecutiva por la implantación del M@gin, registró en 2016 por primera vez pérdidas, en concreto de 1,1 millones de euros, según constató en su último informe de fiscalización, publicado el pasado diciembre, la Audiencia de Cuentas. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, llegó a reconocer en sede parlamentaria una “ralentización” en la recaudación ejecutiva de la Agencia Tributaria Canaria, pero descartó que se tratara de una pérdida y habló de un “diferimiento” en el cobro.

Cuestionada por estos problemas, Indra ha defendido su “dilatada trayectoria” en el desarrollo del sistema de gestión tributaria en el Archipiélago y el cumplimiento estricto “en tiempo y forma” con la Hacienda canaria, “sin que se registrase ninguna incidencia en la provisión de servicios, desarrollos tecnológicos e innovaciones”.

La empresa ha reconocido que la implantación del módulo de recaudación ejecutiva para la empresa Grecasa ha sido “compleja” y ha explicado que este proceso, “en el que no se ha producido ninguna pérdida de datos”, ha sido “gradual” en el año 2018, a pesar de que la puesta en funcionamiento data de 2016. En contra de lo que sostienen los trabajadores, Indra asegura que la plataforma funciona en la actualidad “sin ningún problema” y que incluso ha reportado a la Agencia Tributaria Canaria “significativos beneficios en términos de eficiencia”. 

Un sistema propio y un prototipo

Hasta la entrada del M@gin desarrollado por Indra, la empresa pública Grecasa operaba con un sistema propio, el denominado GRE, elaborado por su equipo de informática. Sin embargo, en 2012, la Consejería de Hacienda decidió que era el momento de cambiar la tecnología, al considerar que esa plataforma había quedado obsoleta, y sacó a licitación un proyecto piloto para probar un nuevo sistema de recaudación. Se le adjudicó, por 59.000 euros, a una pequeña empresa de Tenerife, Avantic, que desarrolló entre junio y diciembre de 2012, en colaboración con el personal de Grecasa, un prototipo. Superado este periodo, los técnicos vieron viable su implantación definitiva, por lo que Hacienda inició los trámites para su contratación por 700.000 euros.

Sin embargo, tan solo cinco meses después y, según los trabajadores, "bajo fuertes presiones",  el Gobierno regional decidió paralizar este procedimiento y apostar por el M@gin para el sistema de recaudación en vía ejecutiva con la finalidad de unificar las plataformas, puesto que los trámites en la vía voluntaria ya utilizaban un módulo desarrollado por Indra. El contrato se adjudicó en octubre de 2013 por 2,62 millones de euros a la UTE formada por Indra y Avantic, la empresa que había desarrollado el prototipo que había quedado guardado en el cajón.

El contrato preveía la puesta en funcionamiento del M@gin para noviembre de 2015. Sin embargo, a finales de 2014 ya se empezaron a constatar las deficiencias y las dificultades para cumplir los plazos. En julio del año siguiente, el programado para el arranque, los trabajadores elevaron un informe negativo sobre diferentes módulos que no fue tomado en consideración por la gerencia de la empresa, que insistía en que todas las decisiones estaban respaldadas por la Agencia Tributaria Canaria.

En abril de 2016, y a pesar del retraso en su implantación, Grecasa firmó una adenda para incrementar el precio del contrato un 10%, hasta los 3 millones de euros, y ampliar el plazo hasta julio. La UTE entregó el módulo formalmente el 12 de julio y el 25 de octubre se ejecutó la paralización de la antigua plataforma, GRE, y la puesta en marcha de la nueva, M@gin, sin el visto bueno de la plantilla de la empresa pública.

Desde entonces, Indra ha sido adjudicataria de al menos otros dos contratos, según consta en el registro del perfil del contratante del Gobierno de Canarias. El primero de ellos, de 900.000 euros, fue rubricado en diciembre de 2016, tan solo dos meses después de su entrada y en plena parálisis en la recaudación. Tenía por objeto “la prestación del servicio de análisis, desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades del sistema informático M@gin”. El segundo se firmó un año después, en diciembre de 2017, y su montante era superior: 1,4 millones de euros para el mantenimiento del sistema, pero también para la corrección, adaptación y evolución de distintos módulos.

En total, 2,3 millones de euros que, unidos a los 3 del contrato de adjudicación, suman 5,3 millones desde la concesión del servicio.

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