Denuncia un montaje de la Policía y la competencia en el caso timesharing

El empresario Eugen Kaiser

Alexis González / Alexis González

Mogán —

“Todo obedece a una actuación comercial, no policial”, aseguraba este martes en Arguineguín uno de los abogados de los principales imputados en el caso timesharing, una operación de la Policía Nacional que en julio pasado se saldó con 74 detenidos en el Sur de Gran Canaria y un polémico auto del juez instructor denegando la petición policial de entrada y registro, dentro de un operativo puesto en marcha horas antes de que se solicitara a la autoridad judicial.

El principal imputado por estafa de esta modalidad turística de las vacaciones compartidas, Eugen Kaiser, un alemán radicado en Gran Canaria hace 30 años, denunciaba este martes lo que considera una actuación orquestada por la competencia, dirigida por un inspector de la Policía en excedencia que preside una asociación contra el fraude en el timesharing, Alberto García, y sin que desde el grupo I de la Udyco de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se hiciera la más mínima comprobación de los hechos expuestos en la denuncia original.

Esa denuncia, presentada a la Policía un domingo a las 19:00 horas, según sostienen Kaiser y sus abogados, dio pie a un operativo policial puesto en marcha al día siguiente a las 11:00 horas, sin posibilidad material de una mera comprobación policial, “porque se trata de un copia y pega de actuaciones anteriores archivadas en una denuncia plagada de falsedades que ha paralizado la actividad de una empresa y acabado con decenas de puestos de trabajo”.

Así lo explicaba este martes el abogado Agustín Santana, pendiente de que el caso se archive para iniciar acciones legales contra los agentes de la Udyco que llevaron a cabo la operación, por detención ilegal, y contra el inspector en excedencia que trabaja para la competencia del sector del timesharing, Alberto García, por denuncia falsa. Una denuncia por detención ilegal ya se tramita en el mismo juzgado instructor por parte de decenas de trabajadores que, el dia de autos, pasaron por los calabozos sin que después les fueran imputados delitos.

Cuestionado por este periódico, Alberto García aseguraba la tarde de este martes no recordar exactamente cuando presentó la denuncia, y que en todo caso deberá ser la Policía la que dé explicaciones sobre su modo de proceder en julio pasado en esta operación que provocó un auténtico escándalo en el sector turístico del Sur de Gran Canaria, pero del que asegura haber estado trabajando durante meses de manera pormenorizada, incluso con detectives privados.

El inspector en excendencia sí reconoció a Canarias Ahora que su asociación Mindtimeshare es financiada por la patronal del timesharing RDO, y que “el caso de Kaiser es una más de las empresas, 95 en el último año, que se han cerrado gracias a la labor de mi asociación. No son cientos, sino miles de perjudicados por el fraude en el timesharing que combatimos en España. Este es un grupo delincuente mafioso con bastante arraigo en el Sur de la isla y con tentáculos en muchos sitios que ha estado estafando en los últimos años, pero en el último año ha saltado todo. Yo creo que por el bien de la imagen turística de Gran Canaria no deben seguir operando”.

Sin embargo, para Eugen Kaiser todo se reduce al interés de los patrocinadores de Alberto García, agrupados en RDO, en acabar con una de sus actividades, centrada en un despacho de abogados que atiende reclamaciones de clientes que se sienten engañados por las empresas principales que operan con la modalidad de timesharing en Canarias, tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

“De una denuncia en la que había 60 casos, al final se ha quedado en siete u ocho reclamaciones contra nosotros por nuestros paquetes vacacionales -otra de sus líneas de negocio- que están en trámite de negociación o en la vía civil”, explicó Kaiser, quien resaltó que “es una ínfima parte de nuestro negocio, con 33.000 clientes de paquetes vacacionales, tenemos muchas menos reclamaciones que Thomas Cook”.

Kaiser y sus abogados sitúan a la Udyco como herramienta de un conflicto empresarial de su competencia directa -al captar a clientes disconformes con las ofertas finales que reciben de las asociadas de RDO y ofrecerles servicios jurídicos para recuperar su dinero- y aseguran ser víctimas de una campaña orquestada, que se ha repetido a lo largo de los años, con operativos similares en 2002 y en 2006.

Los imputados dan por hecho que todo quedará archivado, momento para el cual reservan las actuaciones anunciadas contra la Udyco y Mindtimeshare, aunque desde esta asociación Alberto García sostiene que “la denuncia va cogiendo cuerpo” y seguirá adelante, ahora con presuntos fraudes a la Seguridad Social y a Hacienda, que Eugen Kaiser niega por completo.

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