Suárez del Toro, presidente de La Caja, con Román y Pepa de vicepresidentes
Se consumó el pacto entre Nueva Canarias y el Partido Popular para la renovación parcial de órganos de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. El consejo de administración renovado eligió este lunes por 13 votos contra 4 a Juan Manuel Suárez del Toro como presidente, a Román Rodríguez como vicepresidente primero y a Josefa Luzardo, como vicepresidenta segunda.
José Francisco Henríquez, que este lunes entró a formar parte del consejo de administración de la entidad, no presentó su candidatura a la presidencia.
Durante una polémica asamblea conducida por Larry Álvarez (PP), presidente de la Comisión de Control y responsable del proceso electoral, donde incluso se le negó la palabra a la persona que presidía la asamblea, se eligieron nuevos vocales del consejo de administración de La Caja, entre ellos Juan Manuel Suárez del Toro por los impositores, y José Francisco Henríquez por las corporaciones locales. En este grupo también entraron en el consejo el alcalde de Telde, Aureliano Francisco Santiago Castellano (NC); el de Guía, Fernando Bañolas (CC) y Mario Romero Mur (PP).
Se da la circunstancia de que el alcalde de Telde entró en la lista de consejeros en representación de las corporaciones locales aprovechando la plaza que dejó vacante Juan Manuel Suárez del Toro en la plancha del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al renunciar a ella en el último momento y aceptar ir en la de impositores que le propusieron el PP y Nueva Canarias.
En representación de los Cabildos ha entrado en el consejo de administración el titular de la corporación majorera, Mario Cabrera. Además, forman parte del renovado consejo de administración siete representantes de los impositores y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor.
En la primera reunión del nuevo consejo, José Francisco Henríquez anunció al nuevo presidente que no va a ejercer tareas de oposición, sino de colaboración, aunque advirtió al secretario general, Teodoro Rosales, que se habían vulnerado derechos fundamentales en la elección de consejeros, particularmente en la de Juan Manuel Suárez del Toro y la de otro de los representantes de los impositores.
Como adelantó este periódico, Larry Álvarez impidió en la asamblea general que prosperara el derecho de la parlamentaria regional Lali Guerra a ser elegida, del mismo modo que no dio curso a la posibilidad de que Yurena Mateos, de 22 años, fuera vocal del consejo de administración. Estas anomalías podrían constituir vulneración de derechos fundamentales y delito societario, respectivamente, por la que no cabe descartar medidas judiciales.
Pese a la petición de José Francisco Henríquez de que los puestos de vicepresidentes recayeran en dos impositores, la mayoría del consejo optó por colocar a Román Rodríguez y Josefa Luzardo.
