Canarias pide que los ERTE duren hasta el fin de las restricciones por la COVID

El Consejo Canario de Relaciones Laborales ha revalidado por unanimidad este miércoles los acuerdos anteriores para la prórroga indefinida de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor hasta el final de las restricciones sanitarias por la COVID-19.

Ante esta decisión, el Consejo Canario ha instado a la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, integrada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social junto a los sindicatos y patronales, a renovar en todos sus términos el V Acuerdo en defensa del empleo, ha informado la Consejería de Economía del Gobierno regional en un comunicado.

Así, desde el Consejo se solicita que se mantengan los mismos criterios de exoneración de cuotas y protección de puestos que en el documento consensuado el pasado mayo mientras persistan los impedimentos como consecuencia del coronavirus, además de valorar las diferentes necesidades en cada momento mediante análisis periódicos en la mesa estatal.

El Consejo Canario de Relaciones Laborales ha solicitado también a la Comisión Tripartita un nuevo plazo para la posible presentación de ERTE de cadena de valor o de dependencia indirecta en el caso de que decaigan los códigos ultra protegidos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en el nuevo acuerdo que suscriba el órgano colegiado estatal.

Esta petición obedece a la afección que persiste en el conjunto del tejido productivo de las islas debido al peso del sector servicios y el turismo en su economía..

El Consejo Canario de Relaciones Laborales está constituido por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y confederaciones empresariales con mayor representación en el archipiélago.

El Gobierno y los agentes sociales comienzan este jueves a negociar las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados a la pandemia más allá del 30 de septiembre, cuando expira el esquema vigente de una herramienta bajo la que siguen unos 270.000 trabajadores.