La histórica y creciente deuda de la estiba en Las Palmas también la acaban pagando los consumidores
La amnistía fiscal a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), blanqueada por el Gobierno de Canarias a través de una enmienda presupuestaria, ha resucitado una vieja polémica empresarial en la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Importadores de la provincia oriental han vuelto a reclamar, como ya hicieran con la mayor de las vehemencias entre 2007 y 2013, la eliminación de la denominada cuota fija de la Tarifa Máxima Empresarial.
Se trata de un recargo que se empezó a aplicar en julio de 2003 en las operaciones de descarga de mercancías en los puertos de Las Palmas, a razón de 0,79 euros por tonelada, con el único objetivo de tapar el agujero de 12 millones de euros que tenía entonces la antigua Sestiba, sociedad que estaba participada en un 51% por capital público, la propia Autoridad Portuaria, y en un 49% por agrupaciones empresariales. Un déficit que se achacaba a un sobredimensionamiento de plantilla derivado de una serie de contrataciones realizadas bajo la expectativa, finalmente no cumplida, de un incremento importante de la actividad de la pesca pielágica. La tasa impuesta hace quince años para sanear a la estiba incrementa los costes de las importaciones y, por lo tanto, el precio de los productos, por lo que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores, que son quienes, en última instancia, asumen una deuda histórica que, a pesar de ello, no ha parado de crecer.
Tras la entrada en vigor de esta cuota con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), cinco asociaciones empresariales, entre las que se encontraban las potentes sectoriales de industria (Asinca ) y comercio (Fedeco), además de los consignatarios y estibadores y la propia Sestiba, consensuaron un documento para limitar a cuatro años el periodo de vigencia de este recargo, una fórmula entonces inédita en los puertos españoles, y solicitar la creación de una comisión de seguimiento que nunca se llegó a reunir.
Sin embargo, transcurrido ese plazo, la deuda no solo no se había mitigado, sino que había aumentado, por lo que la Autoridad Portuaria acordó en 2007, con Emilio Mayoral como presidente y la oposición de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la continuidad de la tasa con carácter indefinido para tratar de sanear las arcas de la sociedad aún estatal. La cuota sobrevivió incluso a la privatización de Sestiba, a su transformación en la actual SAGEP, en 2011. A pesar de que hasta esa fecha se había recaudado por esta vía 17 millones de euros, a una media de 2,1 por año, la deuda había aumentado en siete, hasta los 19, según consta en documentos de esa época a los que ha tenido acceso este periódico.
La oposición de la CEE, con Sebastián Grisaleña al frente, alcanzó entonces su máximo apogeo. En un escrito elevado a la Autoridad Portuaria apenas dos meses después de la privatización de Sestiba, la junta directiva de la patronal recordaba que en 2003 había aceptado la implantación de esta cuota por su carácter “temporal y finalista” y en aras de “garantizar la viabilidad de la empresa (Sestiba) y la continuidad del servicio”. Superado con creces, sin embargo, el plazo pactado de cuatro años, la CEE entendía que la tasa se había revelado “ineficaz” para el fin pretendido, tapar el agujero de la sociedad de estiba, y denunciaba además que la recaudación no se había aplicado íntegramente a este objetivo, puesto que desde 2007 también se destina una parte a la bonificación de trasbordos.
En ese escrito, los empresarios ponían además de relieve “la incompatibilidad” de la cuota con “la naturaleza exclusivamente privada” de la nueva sociedad de estiba, la SAGEP. Según consta en las actas de una reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria celebrada en febrero de 2011, el representante de la patronal, Grisaleña, ya alertó de que la SAGEP del Puerto de La Luz y de Las Palmas “estaba de antemano condenada al fracaso”, pues debía absorber el 100% de la deuda de Sestiba, cerca de 20 millones de euros. Sostenía entonces que tanto la parte pública, el 51% de la Autoridad Portuaria, como los socios privados, el 49% restante, debían haber entregado la sociedad saneada, asumiendo, cada uno en el porcentaje que le correspondía, ese déficit.
Una carta remitida en abril de 2014 por el ya entonces expresidente de la CEE al máximo representante de Puertos del Estado en aquellas fechas, José Llorca, exponía que la recaudación por la cuota fija de la Tarifa Máxima Empresarial en sus diez primeros años de existencia había ascendido a 25 millones de euros y que, a pesar de ello, la deuda de las SAGEP, que atribuía a una “pésima gestión”, ya superaba los 20 millones. Aunque no hay datos oficiales, las fuentes consultadas estiman que en la actualidad la cifra recaudada se eleva de los 30 millones y el déficit de las empresas estibadores oscila entre los 18 y los 24.
La pugna empresarial por la eliminación de esta tasa se desinfló después de que Agustín Manrique de Lara asumiera, en 2013, el cargo de presidente de la patronal de Las Palmas, aupado por el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, en el que ejerce influencia el sector de la estiba. Sin embargo, el perdón del Gobierno a una deuda tributaria de 13,4 millones de las sociedades de estiba ha vuelto a encender a empresarios importadores y a reabrir el debate de la cuota fija. La mayor parte de esa amnistía fiscal, cerca de 10 millones, corresponde al Puerto de La Luz y de Las Palmas, donde operan cuatro empresas dedicadas a la carga y descarga de buques (OPCSA, La Luz Market, Boluda y Gesport).
El Gobierno regional, que primero condonó la deuda y, después, a través de una enmienda presupuestaria de CC, PP y ASG, blanqueó la amnistía al dejar sin efecto las actuaciones de la Agencia Tributaria Canaria, justificó su decisión de intervenir en este ámbito y de desacreditar a sus propios técnicos en el “riesgo de quiebra” de las sociedades de estiba y la amenaza de “embargos de nóminas” que afectarían a “más de 800 familias” en las Islas.
