El intento de privatizar más torres de control de aeropuertos canarios llega en plena lucha por mejoras laborales

“Lo privado nunca mejora lo público”, resumen desde el sindicato CCOO sobre el proyecto de privatizar nuevas torres de control de siete aeropuertos de toda España, entre los que se encuentran tres que quedan en Canarias sin liberalizar; los dos de Tenerife y el de Gran Canaria. Entre ellos sumaron más de dos millones de pasajeros el pasado mes. La propuesta del Ministerio de Transportes se conoció hace apenas una semana y aunque insiste en que no se van a producir despidos llega en plena huelga de controladores aéreos en los aeropuertos que ya vivieron la privatización que dio comienzo en 2010. Desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) subrayan que muchos de los trabajadores afectados en Canarias (unos cien) se verán obligados a ser trasladados forzosamente a otros aeropuertos ya que en los actuales el servicio pasará a manos privadas. Además, señalan que los empleados de esas empresas adjudicatarias no disfrutarán de las mismas condiciones que los de la pública, haciendo un trabajo de gran responsabilidad. 

De momento, se ha sacado a proceso de audiencia pública una orden ministerial para la liberalización del servicio de control aéreo de los aeródromos de las torres de siete aeropuertos. Además de los canarios, en el listado se encuentran Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca o Santiago. Desde el Ministerio de Transportes han señalado a esta redacción que “esta nueva fase permitirá fortalecer la competitividad y el crecimiento del sector y la creación de nuevos empleos de calidad”. Así mismo, remarcan que desde esta área están comprometidos en “avanzar en la firma del convenio colectivo para dar certidumbre y seguridad a Enaire y que pueda seguir creciendo” y que “no habrá ni un solo despido” “ni se recortará el sueldo de ni un solo controlador”. 

En la justificación de la medida, el Ministerio que dirige Raquel Sánchez (PSOE) afirma que responde a la solicitud de Aena del pasado 31 de enero, en la que el gestor aeroportuario propone “continuar con una nueva fase de apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos a nuevos proveedores certificados en una serie de aeropuertos” y añade que “la experiencia hasta el momento del servicio prestado por proveedores privados ha sido significativamente positiva en términos de calidad y eficiencia económica”. Una afirmación que no contenta a los sindicatos, que aseguran que en la última licitación se bajaron muchísimo los costes, lo que repercute en las condiciones de los trabajadores de esas empresas produciéndose una brecha entre los de la pública y la privada. 

Actualmente, son dos las empresas que tienen adjudicadas la gestión de torres de control. Se trata de Ferronats (que ahora pasa a denominarse Skyway después de haberla comprado el fondo de inversión Portobello) y Saerco, la que gestiona los aeropuertos de las islas no capitalinas de Canarias. La propuesta de esta última sobre la actual huelga que se lleva a cabo por parte de los controladores cada lunes es “entre otras, una subida de las tablas salariales del 5,6% para los años 2022, 2023 y 2024 en línea con el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que es el último vigente. Y esta se suma al 10% de subida que cada tres años prevé el convenio”. Desde esta empresa insisten en que este cuarto convenio colectivo en el que se trabaja debe ser “el resultado de la negociación entre las partes implicadas y no de imposiciones de una de ellas”.

El coste de la privatización

Los sindicatos niegan la afirmación del Ministerio de Transportes sobre el ahorro de costes. José Feliu, portavoz de USCA en Canarias recuerda que la privatización no ha servido, por ejemplo, para abaratar billetes aéreos y que cuesta lo mismo un pasaje entre Gran Canaria y Tenerife (ambos gestionados por la empresa pública Enaire a día de hoy) que entre Gran Canaria y Fuerteventura (este último gestionado por Saerco). Así mismo, alerta de que hay puestos de trabajos que pueden verse duplicados en esa nueva liberalización, lo que no resultaría eficiente. 

La empresa pública Enaire continúa haciéndose cargo de los servicios en ruta y cuando las aeronaves se aproximan a los aeropuertos (lo que se denomina servicios de aproximación). Mientras, los servicios de aeródromo son los que sí que están liberalizados. Por tanto, Feliu explica que hay controladores que dan el servicio de control de aproximación (APP), mientras que se contratará a otros para los servicios de aeródromo, de los que también se encargan ahora los controladores de la empresa pública. Por tanto, “vamos a estar duplicando puestos de trabajo y ese ahorro de costes realmente no es efectivo”, destaca. También lamenta que se están “regalando” unas instalaciones públicas, con una inversión que ya ha hecho el Estado en equipo y mantenimiento, “a una empresa privada”. 

Un informe de 2018 de la Comisión Nacional de Mercados para la Competencia reflejó que la liberalización de torres había incrementado su eficiencia cerca de un 60% de media entre 2012 y 2017 y recomendaba la liberalización. No obstante, los sindicatos recuerdan que ese menor coste se produce porque el lote de servicios se adjudica a la empresa que ofrece mejor precio, y que precisamente en la última adjudicación se bajaron tanto los precios que Saerco obtuvo el Lote 2 (Jerez, Sevilla, Cuatro Vientos -en Madrid-, Vigo y A Coruña), que hasta entonces estaban en manos de Ferronats. Esa empresa pagaba un salario más elevado y cuando Saerco subrogó a este personal lo hizo con todas las consecuencias. No obstante, pasados tres años decidió revisar ese acuerdo y dejó de pagar esas cantidades ya estipuladas entre la anterior empresa y los trabajadores. 

Una de las luchas de los controladores del sector privado es que se mejoren esas tablas salariales y sean incluidas en el convenio. “Saerco pujó por debajo de sus competidores para quedarse con el servicio y ahora lo que aducen es que no pueden con los costes salariales”, lamenta el coordinador del sector aéreo de CCOO en Canarias, Antonio Sánchez, que insiste en que ya hay un precedente con la privatización y que es el de la “política low cost”, por lo que rechaza que se liberalicen más torres de control. También añade que AENA, “como la licitadora de este servicio y gestora del aeropuerto debería pronunciarse y plantearse la reversión de este servicio a empresas que no cumplen”, insiste. 

“Al final lo que se abarata no es solo el salario sino las condiciones laborales de los trabajadores de esas empresas privadas”, indica José Feliu. El sindicato mantiene esta posición en su portavocía estatal anunciando que está totalmente en contra de la liberalización de otras siete torres de control aéreo y va a intentar parar el proceso. Un procedimiento que desde el Ministerio advierten de que es “largo” y que su intención es hacerlo “de la mano del sector, de Enaire y de los controladores”. “La Orden Ministerial está en audiencia pública y vamos a analizar todas las alegaciones y reivindicaciones que se presenten de cara a la elaboración de la resolución final”, indican. 

El Ministerio también remarca que “la seguridad del sector aéreo está plenamente garantizada en España” e indica que Enaire continuará prestando “en exclusiva” los servicios de control aéreo de ruta y de aproximación, que representan más del 80% de su actividad, así como los servicios de control de aeródromo en Madrid, Barcelona y en 12 aeropuertos más: Santander, Asturias, San Sebastián, Pamplona, Vitoria, La Rioja, Girona, Reus, Menorca, Granada, Almería y Melilla. No obstante, los sindicatos no se fían de este último compromiso y temen que se siga abriendo la puerta a la privatización y que ello afecte a profesión y a la calidad del servicio en un futuro. 

El proyecto no ha sido bien recibido por el socio de gobierno del PSOE, Unidas Podemos, cuyo portavoz en la Comisión de Transportes, Rafael Mayoral, ha enviado una misiva a la ministra sobre otro asunto relacionado con las condiciones de los bomberos aeronáuticos, pero donde recuerda sobre las torres de control que “el camino no es privatizar, sino desprivatizar”. En Canarias, los dirigentes de esta formación también se muestran en contra de ese modelo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha compartido la opinión de su nuevo proyecto político, Sumar, al respecto: “La privatización es incidir en un modelo de infraestructuras que ha fracasado: mayores costes para el usuario, precarización de las condiciones de las personas trabajadoras y pérdida de control de lo público”, resume. Coalición Canaria también ha mostrado su rechazo, así como Nueva Canarias, que reivindica el carácter público de un servicio esencial para el Archipiélago como les a conectividad. Además, la consejera de Turismo de Canarias, Yaiza Castilla, advirtió en una entrevista en la Cadena Ser esta semana de que hay que “mirar con lupa” esa intención del ministerio.