La reforma eléctrica canaria llega al Congreso
El Gobierno remitió este viernes al Congreso de los Diputados el anteproyecto de ley para garantizar el suministro de electricidad y elevar la competencia en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y que, entre otras cosas, tendrá como consecuencia que las centrales de bombeo en las islas pasarán a ser gestionadas por Red Eléctrica.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la normativa se aprobó este viernes definitivamente “una vez que ha pasado por los pertinentes informes” y que ahora continuará su tramitación en las Cortes.La ley recoge una serie de medidas para impulsar la competencia en el sector eléctrico de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIEs), donde actualmente la generación corre a cargo, fundamentalmente, de Endesa.
Según declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, el pasado 1 de marzo, entre las medidas recogidas figura que no se concedan ayudas a empresas que tienen más del 40% de la capacidad de generación en un sistema o que las instalaciones de bombeo y las regasificadoras pasen a ser titularidad de los operadores del sistema, Red Eléctrica y Enagás, respectivamente. Además, Industria establecerá los mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción para disminuir el coste de generación e introducir señales económicas de ubicación para la resolución de problemas de restricciones técnicas en determinados puntos de la red.
El Ministerio de Industria explicó en un comunicado remitido este viernes que el objetivo del proyecto de ley es incrementar la competencia y la eficiencia de los sistemas extrapeninsulares para reducir su coste todo lo posible. Los sistemas extrapeninsulares, por sus especiales características, tienen una regulación específica y un coste mayor que la península, que se socializa entre todos los consumidores españoles.
Además, según Industria, el proyecto de ley pretende sentar las bases para el desarrollo de los nuevos regímenes retributivos, así como el refuerzo de las herramientas de actuación por parte de la administración ante situaciones de riesgo de suministro.
