El Consejo de Ministros aprueba los ocho millones de ayuda al riego para Canarias

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto que regula la concesión de ayudas al riego agrícola en Canarias por un importe total de ocho millones de euros, como había anunciado ayer el PSOE.

Esa partida estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con ese mismo destino, pero no llegó a ser transferida a Canarias, lo que ha provocado protestas de varios colectivos de agricultores, además del propio Gobierno de la comunidad autónoma y partidos políticos, como el PP.

En un comunicado, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar “la suficiencia y calidad de los recursos hídricos”, un objetivo que “cobra especial relevancia en las zonas más áridas del territorio español, que se concentran en el sureste peninsular y en el archipiélago canario”-

“Canarias, por su situación geográfica, ultraperiférica, ve agravada su situación por la escasez de aguas superficiales y la imposibilidad de obtención de recursos hídricos mediante sistemas convencionales como los que pueden emplearse en el resto de cuencas hidrográficas en territorio peninsular”, argumenta.

Esa circunstancia, añade el Ejecutivo, obliga a impulsar sistemas de reutilización de aguas y sistemas alternativos a los convencionales para incrementar la garantía de suministro, en particular para riego agrícola.

El Gobierno recuerda que el riego es “el principal consumidor de agua en la mayoría de las islas del archipiélago canario, con una superficie regada de 28.990 hectáreas, lo que representa el 69,85% de la superficie cultivada”.

“Las aguas de regadío proceden principalmente de dos fuentes: aguas subterráneas (galería y pozos) y aguas de producción industrial (desaladas y depuradas). En ambos procesos de obtención de agua de riego, el consumo de energía es intensivo, incrementado el coste de su obtención”, subraya.

En virtud de esas circunstancias, el Ministerio para la Transición Ecológica considera que “existen razones de interés público y social que justifican la concesión de una subvención a la comunidad autónoma de Canarias que permita a los agricultores canarios acceder a agua procedente de desalación y de acuíferos subterráneos a un coste asumible”.