Carpetazo a la queja de la plataforma Salvar Chira-Soria ante la Diputación del Común contra el Cabildo de Gran Canaria

La queja de la plataforma Salvar Chira-Soria presentada ante la Diputación del Común contra el Cabildo de Gran Canaria ha quedado en nada. El colectivo anunció el 19 de abril que reclamó que se investigase la presunta utilización por parte de la Corporación Insular de “fondos públicos” para “atacar a los ciudadanos que no están de acuerdo” con Salto de Chira, reclamando el expediente de contratación respectivo. En declaraciones a este medio, el Defensor del Pueblo en Canarias aclaró que no podía actuar en ese sentido y ofreció al colectivo a acudir al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, una acción que la plataforma rechazó.

El Diputado del Común propuso entonces una mediación, invitando a las dos partes: el Cabildo de Gran Canaria y el colectivo ciudadano, a una reunión en la sede de la institución. El resultado del encuentro, que tuvo lugar el 7 de mayo, entre el director del Gabinete de Presidencia del Cabildo, Marino Alduán, y Manuel González, director de Mestisay, fue el esperable: ambas partes están en desacuerdo. La Diputación del Común asegura que la mediación es una nueva forma de solucionar conflictos que está intentando poner en práctica, “pero no siempre la administración pública accede a sentarse ante los colectivos ciudadanos que discrepan”, al ser algo voluntario.

En este sentido, recuerda un antecedente e el municipio tinerfeño de El Rosario, donde un colegio se encontraba en mal estado y no había acuerdo entre Ayuntamiento (responsable del mantenimiento) y la Consejería responsable de la rehabilitación, en su caso). Ambas partes accedieron a reunirse con los afectados. También en Telde, la Diputación del Común convocó a los vecinos con la subdelegada del gobierno, directores de telefónica, el Consistorio grancanario y el diputado por problemas con la fibra óptica.

Desde la presentación de la queja hasta el encuentro con el Cabildo de Gran Canaria, la plataforma Salvar Chira-Soria emitió un total de seis comunicados en un periodo de menos de un mes. En el primero de ellos, del 19 de abril, anunciaba la petición realizada al Diputado del Común y adjuntaba una nota en la detallaba su reclamación. Quería tener acceso a un expediente de contratación de la Corporación Insular de servicio al gabinete de prensa porque sostenía que en dicha licitación se incluían acciones para contrarrestar a la plataforma, según otro documento adjuntado. Decían que el Cabildo no había contestado a su solicitud de información.

Ese mismo día, otro comunicado rectifica la petición: “Sí hubo respuesta al escrito del Cabildo denegando la personación en el expediente”. Además, también corregía el nombre de la persona con quien contactar para ampliar información: Pedro Pablo Medina, profesor de profesión y uno de los portavoces, en lugar del arqueólogo Julio Cuenca, quien “no lleva este tema de índole jurídica”.

En el siguiente comunicado, del 21 de abril, anunciaba que la Diputación del Común había iniciado la investigación de su queja, adjuntando una copia de la institución informando del acuse de recibo del escrito y confirmando que había comenzado el estudio de la petición. En la misma nota, volvía a recordar el expediente de contratación solicitado.

El 5 de mayo, la plataforma informa que la Diputación del Común ha convocado al colectivo y al Cabildo de Gran Canaria a una reunión, añadiendo otras críticas a la forma de gestionar sus fondos públicos a la Corporación Insular, que ya había presentado el nuevo nombre del proyecto: el Salto de Chira. En ningún momento hace referencia a la propuesta de la institución que denegaron para solicitar el expediente al Comisionado de Transparencia.

Un día después, la plataforma anuncia la convocatoria de una rueda de prensa en la sede del defensor del pueblo en Las Palmas de Gran Canaria, donde además convocaron una concentración de seis personas “con el permiso de la Delegación del Gobierno en Canaria”.

Y el mismo 7 de mayo, fecha del encuentro, en otra nota expusieron que se había celebrado la reunión. Además de recordar que han convocado una manifestación para el 22 de mayo en contra de la central hidroeléctrica, en el comunicado, apenas hacen referencia a los resultados de la misma. Y añade que Pedro Hernández, otro de los portavoces de la plataforma, “exigió al Rafael Yanes (diputado del común) la continuación del expediente iniciado para aclarar el asunto hasta el fondo y poder acceder a los expedientes administrativos”.

Nuevamente, no hace referencia a la explicación que ha dado el defensor del pueblo a este periódico: “De acuerdo con el artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Ley 7/2001, de 31 de julio, el Diputado del Común tiene encomendada la defensa de los derechos y libertades constitucionales y la supervisión de las actividades de las Administraciones Públicas Canarias, pero no el acceso al expediente de la naturaleza que se reivindica. Por este motivo, se acordó dar traslado de la queja al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias”.