Las Palmas de Gran Canaria da luz verde al pago de 14,5 millones a Emalsa con críticas de la oposición
La polémica suscitada por las facturas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe pagar a Emalsa por el contrato de saneamiento se ha vuelto a manifestar este miércoles en un pleno extraordinario. El Consistorio aprobó el pasado mes de julio un expediente de modificación de crédito para abonar a la empresa mixta de aguas de la ciudad 14,5 millones de euros, frente a los 6,6 que le obliga actualmente a pagar la justicia. Ante la medida, Ciudadanos, un particular y la asociación cívica El Sol sale para todos presentaron alegaciones que han sido inadmitidas.
La concejala Inmaculada Medina (PSOE) insiste en que dichas reclamaciones no se ajustan al marco de la Ley de Haciendas locales. En el caso de Beatriz Correas, por el hecho de que se trata de una concejala y no cumple con los supuestos que recoge la norma jurídica (“Que se trate de un habitante de la ciudad, persona directamente afectada, sindicatos, colegios, cámaras...”). En el caso del ciudadano particular, porque presentó exactamente las mismas alegaciones que la edil y en cuanto a la asociación cívica, porque tampoco se ajusta al trámite establecido por la Ley.
A pesar de los intentos de la oposición (PP, Ciudadanos y Unidos) para que el Consistorio diera marcha atrás y se abone a la empresa mixta de aguas tan sólo los 6,6 millones que dicta la sentencia, finalmente el pleno aprobó esta modificación de crédito con los 15 miembros del gobierno municipal (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) y con 14 en contra.
La oposición fue unánime al considerar que el Consistorio no está defiendo bien los intereses generales en este asunto, ya que con dinero público se va a pagar a Emalsa por unas facturas que, según el PP, el anterior Gobierno municipal encabezado por Juan José Cardona dejó de pagar porque los trabajos de saneamiento (que realiza la filial Sercanarias) no estaban justificados en las facturas.
Beatriz Correas y Ángel Sabroso (PP) arremetieron contra la defensa que hizo el Ayuntamiento en cuanto a este tema, ya que no recurrieron la sentencia. Además, Ciudadanos entiende que si se dejaron de pagar facturas por incumplimientos en el contrato, la actual Corporación debe tomar medidas y denunciarlo a la Justicia, algo que recomienda la propia sentencia.
No obstante, ambos coinciden en que si la sentencia es firme se pague, pero sólo los 6,6 millones estipulados (las facturas de saneamiento desde enero de 2013 a abril de 2014). En este punto, Inmaculada Medina remarcó que las facturas hasta diciembre de 2015 tarde o temprano se tendrán que pagar y que estos 14,5 millones suponen la manera que han tenido de negociar para que a los ciudadanos no les suponga un importe mayor a la larga, con intereses de demora.
La concejala de Ciudadanos señaló además, como dejó constar en su alegación, que el Ayuntamiento debe dejar de firmar las facturas de Emalsa porque así se está validando el servicio.
Reproches cruzados
El concejal del PP Ángel Sabroso indicó varias veces que, a su juicio, se ha hablado de que se dejó de pagar el contrato de saneamiento como si “fuera un capricho particular”, cuando se tomó esta decisión en base a los informes del interventor. “Tienen por escrito los incumplimientos, ¿hasta cuándo va a llegar esta carrera de despropósitos?”, cuestionó.
Sobre ello, Inmaculada Medina insistió en que el contrato de saneamiento de aguas fue contratado en febrero de 1998 y que las facturas hay que pagarlas como se estipula en él. Además, apuntó que este Ayuntamiento, “de Emalsa ha hablado y mucho”.
Sobre el asunto de la intervención, Sabroso recriminó que los miembros de la Corporación municipal se abstuvieran cuando los socios privados de la empresa mixta de aguas decidiera querellarse contra el exinterventor Rafel Bolívar. Según el político del PP, no se entiende que el gobierno municipal no se haya puesto de parte de un funcionario público.
Medina replicó que el PP no es el más indicado para hablar de cómo ha tratado a los funcionarios públicos, que han sido “machacados” por este partido. En este punto, les acusó de haber sido los culpables que ha llevado al Consistorio a la actual situación.
Entre la concejala de Ciudadanos y la socialista también se cruzaron reproches. Correas se sintió aludida por insinuaciones de Inmaculada Medina sobre el hecho de que esta podría tener intereses con Análisis Ingenieros o KPMG, las empresas que han hecho los informes de Emalsa. La política de Ciudadanos indicó que no tiene intereses con estas de ningún tipo y que no es el tema para tratar en este pleno.
A su vez, Correas acabó lamentando que se haya politizado el agua de la ciudad y no se hable de lo que en realidad importa, el ciclo integral agua. Finalmente, anunció que probablemente vuelva a recurrir a la justicia por este asunto y ponga en conocimiento de la Fiscalía los últimos acontecimientos sobre Emalsa.
