Canarias apremia a Madrid sobre la consulta
El Gobierno de Canarias ha exigido este jueves que sea el Consejo de Ministros o el Congreso de los Diputados el que de respuesta sobre si da luz verde o no a la celebración de un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se espera una contestación “formal en los términos previstos legalmente”, que ha dicho que podrá ser recurrida ante los tribunales en caso de ser negativa a la consulta.
Martín Marrero espera que el Consejo de Ministros razone los motivos por los que es supuestamente “ilegal” la consulta que el Gobierno canario, respaldado por el Parlamento regional, pretende celebrar en el archipiélago, y traslade ese razonamiento al presidente canario, Paulino Rivero.
El portavoz ha señalado que el Consejo de Ministros “todavía está dentro del plazo razonable para responder”, al tiempo que ha destacado la importancia de la consulta popular, pues dado que no hay unanimidad sobre las prospecciones petrolíferas es necesario saber lo que opina la ciudadanía, ha recalcado.
El Gobierno de Canarias sigue sin saber por qué el PP no quiere que los ciudadanos se expresen sobre un asunto “vital como éste”, ha añadido Marrero.
Asimismo, el portavoz del Gobierno canario ha informado de que la mitad de la extensión que ocupa el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que tramita el Gobierno español frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura coincide con la zona autorizada a Repsol para llevar a cabo las prospecciones.
A su juicio, es “bastante poco aceptable” que tratándose de una zona que se pretende proteger se continúe adelante con el calendario de las prospecciones.
Además, ha continuado, es “como mínimo llamativo” que se estén tramitando otros nueve LIC en zonas próximas y la única paralizada sea la mencionada, lo que también le ha llamado la atención al Tribunal Supremo (TC), que ha exigido al Gobierno de España la documentación completa.
Para Marerro, el Gobierno español actúa con “opacidad y secretismo” en la tramitación de las prospecciones petrolíferas, ya que no ha dado información al respecto a pesar de que el Ejecutivo canario la ha pedido.
