Las libertades de velo y garrote

En la España de hoy, la soberbia de los plutócratas produce más independentismo que los propios movimientos nacionales. Todo intento de torcer con violencia la voluntad de las personas sólo traerá pena y dolor a los españoles. Una política de velo y garrote será el anteúltimo error de este gobierno.

La opción independentista se está consolidando desde 2010 en adelante por tres factores: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, la crisis económica y la mayoría absoluta del Partido Popular. Esta es una conclusión emitida por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. En el mismo estudio se informa que el 49’4% de los ciudadanos catalanes votaría a favor de un Estado independiente.

El señor Rajoy, con su permanente falta de respeto y la evidente instrumentalización de los órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Se ha convertido en el principal impulsor de la desarticulación de España.

Esta gente no considera apropiado que las personas acudan a la Justicia en la confianza de determinar la vulneración de sus derechos. De allí las tasas. Las restricciones presupuestarias en la Justicia. Los nombramientos de militantes. ¿La Justicia cautiva?

Quizá por ello, las sentencias que se están emitiendo todos los días. Las decisiones administrativas que se adoptan. Generan un estado de inseguridad que, hasta hace poco, se refugiaba en la pasividad aterrorizada. Pero, sin valorar más aspectos, la política y las personas, han creado una opción política que ha roto las puertas cerradas por el terror y el desamparo. Esto inquieta al poder establecido. Su velo ya no alcanza a cubrir esas vergüenzas.

La madre de una de las víctimas del Madrid Arena ha reclamado una Justicia “justa y si es posible, un poquito más rápida”. Sostienen las familias que el proceso a dos años del suceso, está pendiente de recursos y a la espera de la celebración del juicio. Además, sostiene “… que la Fiscalía de Madrid actúa como abogado defensor y no ha querido…” actuar contra el responsable de la empresa organizadora. En concreto, se ha referido al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix. El cuestionamiento se refiere que lo que hubo en el Madrid Arena no fue “un accidente de coche” sino una tragedia “en la que murieron cinco personas” y que se cometieron “muchísimos delitos que provocaron cinco muertes”. Igual ocurre con los sucesos del Metro de Valencia y el tren de Alta Velocidad de Santiago. En un nuevo contexto, tal vez los casos deban ser reabiertos.

La gente no sólo cree que puede. Lo está llevando a cabo. Está perdiendo el miedo. ¿Se atreverá el señor Rajoy a dar la orden de aplicar el garrote en las calles de Cataluña, en las universidades, tal como lo hace con la gente colgada de las vallas de la frontera?

Luego de conocer que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, encabezó este fin de semana, por encargo del Gobierno, la delegación española que acudió a Roma para la ceremonia en la que el papa Francisco designó a 19 nuevos cardenales. La Asociación Jueces para la Democracia ha recordado al Gobierno el carácter aconfesional del Estado español.

Esta asociación por medio de un comunicado, informa que: “Resulta poco respetuoso con la división de poderes propia de nuestro Estado Constitucional que el Gobierno pueda designar como delegado en un acto al máximo representante del poder judicial. Y, además, la participación en un evento religioso del presidente del órgano de gobierno judicial es contraria a la aconfesionalidad del estado que está prevista constitucionalmente”. Menos velos y más justicia, parecen requerir.

Coartar el ejercicio de la libertad es la puerta para que los ciudadanos se radicalicen. Los explícitos intentos por radicalizar la represión es un modo simple de verificar de qué estamos hablando.

La Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares firmarán el protocolo que regulará la intervención policial en esos campus. Previamente, en un alarde de los años oscuros, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) considerará para su aprobación un proyecto de protocolo.

Lo verdaderamente grave es la previsión de que protocolos similares se plantearán en el resto de Universidades. Así se valora la democracia en esta gestión. De velo y garrote. Como con Franco.

Misas a las víctimas y garrote a los discrepantes. Como en los años oscuros.

En este protocolo figuran situaciones inéditas desde la reinstauración de la democracia en España. Hasta ahora, y en virtud del principio de autonomía universitaria, las fuerzas de seguridad debían solicitar siempre la autorización de los responsables universitarios para intervenir en los campus y edificios de las universidades.

A partir de la firma de estos protocolos ya no será necesaria la autorización de la universidad para intervenir en los espacios exteriores de los campus, limitando la necesidad de autorización a la entrada de la policía en los edificios universitarios.

El delincuente Jaume Matas recibe el beneficio del tercer grado. Ese dictamen emitido por Instituciones Penitenciarias produce alarma social. Instituciones Penitenciarias ha adoptado esta decisión en aplicación del artículo 31.1 de Reglamento Penitenciario, según el cual, el centro directivo “tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso”. Parecen olvidar que este personaje tiene varios juicios pendientes.

En el mundo del derecho se suele decir que hay buenos abogados. Que son aquellos que conocen las leyes. Pero que hay mejores abogados aún. Son aquellos que conocen a los jueces.

Tal vez por eso, otro delincuente Carlos Fabra sigue libre. En su caso, amparado por una solicitud que demuestra la escasa voluntad de este gobierno por el estado de derecho. O presuntamente acojonado por el profundo conocimiento que este personaje tiene de las cloacas del PP. El propio despacho del presidente del PP se pagó con dinero en B. Sé fuerte Mariano.

Me pregunto cuál es la legitimidad de este gobierno para ser garante de las libertades de los ciudadanos, cuando se convierte en protector de personajes de esta calaña.

Juegan con el cambio de los investigadores de la UDEF, restar fondos y las rotaciones de los magistrados. Los delincuentes aguardan a las prescripciones. Saben que el cohecho prescribe a los diez años.

En 2010, un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al entonces juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira se ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003. Fue el año del “tamayazo”. También en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel. En esta operación estuvo implicada la fundación Fundescam como medio discreto de captación de fondos y pago de facturas.

“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. En abril de 2012 la Agencia Tributaria fue clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid.

Ya con el gobierno de Rajoy en la Moncloa, remitieron al juez Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP. Estos, acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid - Fundescam.

Esta fundación era del PP de Madrid que recibía las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. El dinero de los empresarios pagó los gastos electorales del PP madrileño. Pero como el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación. Ahora, con el caso Púnica en desarrollo, Esperanza Aguirre es la figura que se atribuye liderar la lucha contra la corrupción.

¿Me lo explican por favor?

Tal vez ayer la vicepresidenta del gobierno dio una respuesta. Con sus habilidades como gestora de la comunicación pública, procura persistir en la construcción del relato oficial. Así, nos contó que el Gobierno intenta tomar la iniciativa con medidas anticorrupción.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes 31 de octubre, informó que el gobierno aprobó más medidas anticorrupción que otros anteriormente. También responsabilizó a la oposición, y especialmente, al PSOE en la tardanza en aprobar los dos proyectos que están en la Cámara Baja.

Entre estas medidas está la creación de 282 nuevas plazas judiciales. Sin embargo, la realidad la desmiente. El BOE del 1 de noviembre recoge el Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministro por el que es cierto que se crean 282 plazas de juez. Pero, levantando el velo de la información, como alertó ayer Jueces para la Democracia, no se trata de una dotación extra, sino que se regula la situación de algunos de los jueces que están esperando destino pero que ya cumplen “funciones que le son propias o a través de comisiones de servicio, refuerzos o sustituciones”. Este es el texto del propio decreto. Lo que implica que ya trabajan para la administración de justicia. Otra manipulación.

Además, Saenz anunció la primera ley de Transparencia de la democracia española, que entrará en vigor el próximo mes, y a las dos iniciativas que envió el Gobierno al Congreso en febrero: el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado. Este último, algunos sostienen, a medida de las designaciones de los allegados.

Algunos jueces, sin embargo, le están ofreciendo a la población otro enfoque.

Mientras, el voto. Exclusivamente el voto. Es la única herramienta ciudadana que aún nos ofrece la democracia para hacer justicia.

No perdamos la última oportunidad.