Si perdemos... No importa...Seguiremos ganando

El grupo del PP, que está gobernando España, está ejecutando un verdadero ataque al estado de derecho. Por la vía del decreto ley, se saltan las instancias parlamentarias del debate en las Cortes. Obviar la exposición de los proyectos de las leyes, para que se produzcan las enmiendas del debate, puede sugerir un deterioro en la valoración de las consecuencias futuras de esas decisiones.

Se trata de una norma de 172 páginas, con rango de ley, que entró en vigor y que incluye aspectos disímiles. Van desde los registros civiles hasta los depósitos bancarios. Pasando por el aumento de plazas en el Ejército, actos sobre una exposición de Picasso. Becarios, hoteles en los puertos o los precios del gas natural. Entre muchas otras cosas.

¿Para quién gobierna el PP? Esa es la cuestión. Quiero pensar que por el bien del conjunto ciudadano. Con toda su historia bajo sospecha de corrupción... me producen inquietud. ¿Temen que si pierden se acaben las oportunidades de sus donantes? Estamos en presencia de una democracia cautiva.

Así, la ciudadanía no sabe qué decisiones se han tomado hasta que, ya en vigor, el texto se publica en el BOE. Debe saberse que la Constitución limita este mecanismo de aprobación de textos legales por la vía rápida para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. En el plazo máximo de un mes, el decreto pasará por el Congreso para ser refrendado.

Les daré algunos ejemplos de lo que se ha aprobado.

Uno. El Gobierno cede el Registro Civil a los registradores de la propiedad. A partir del 15 de julio de 2014, serán los registradores los responsables de este servicio, hasta ahora a cargo de los jueces. La norma asegura que seguirá siendo gratuito para los ciudadanos, aunque no establece de forma clara la cuantía que cobrarán los registradores por la encomienda. Pese a la importancia de este cambio, queda plasmado en la disposición adicional 20 y siguientes. ¿Cuál es la razón más allá de una cercanía profesional con el presidente del gobierno, para aprobar esta medida? ¿Quién se beneficia?

Dos. La norma incluye diversas medidas para aplanar el camino a la privatización parcial de Aena, empezando por el nombre. Aena Aeropuertos pasa a ser la sociedad mercantil Aena, S.A., cuyo 49% se privatizará. La hasta ahora entidad pública Aena pasa a denominarse ENAIRE y será la encargada de supervisar la gestión de los aeropuertos y ejercer de intermediario entre el Gobierno y la nueva Aena. El DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) regulará estas relaciones, el nivel de servicio y las tasas, que se congelan hasta 2025. Entre las condiciones de funcionamiento, destaca que la sociedad mercantil no podrá cerrar aeropuertos de interés general (42, en la actualidad) de un valor de más de 20 millones de euros sin autorización expresa del Gobierno. Además, establece los mecanismos para compensar a la entidad en caso de que no se alcance un mínimo de pasajeros estimado.

Tres. Hasta ahora, la prohibición de construir instalaciones hoteleras en puertos en desuso que formaran parte del patrimonio histórico se podía levantar, previa concesión, para los faros. La norma amplía esos permisos al resto de instalaciones portuarias y el tiempo de concesión pasa a ser de un máximo de 50 años. ¿Otro pelotazo?

Cuatro. Las empresas gasistas recibirán los ingresos suficientes para satisfacer el coste de producción y distribución de gas natural, que se irá liquidando de forma progresiva. Si hay déficit, no podrán bajar el precio de la factura. “Mientras existan cantidades pendientes de amortizar de años anteriores, los peajes y cánones no podrán ser revisados a la baja”. Además, el texto reconoce la deuda de casi 164 millones por la construcción del gasoducto del Magreb, que se recuperará en cinco años a razón de 32,7 millones al año. Lo de las empresas de energía es para psicólogos.

Con este procedimiento, los ciudadanos no podremos conocer el alcance para nuestras vidas de estas medidas. Al menos, parece que el ocultamiento era el propósito. ¿Por qué?

En buena medida, la corrupción fue posible por la laxitud de los mecanismos de control. Entre ellos, por ejemplo, la función del Tribunal de Cuentas. Ramón Álvarez de Miranda, su presidente, o es un incompetente o es un cínico. Luego de negar frente a los parlamentarios, con la amabilidad de gobierno y oposición, por razones obvias, que se practicase el nepotismo en el organismo. Sin mediar pausa, relacionó una serie de medidas correctoras de esa situación inexistente, según él. ¿Me lo explican, por favor? Si no apreciaba disfunciones... ¿para qué esos ajustes?

Según una investigación de EL PAÍS, en esta situación se incluyen, en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales. En especial de UGT. Aunque CCOO también tiene algunos en la estructura. Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos. Desde el actual presidente hasta los responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y conocidos políticos tienen entre la plantilla del tribunal a esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la infancia. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas. Por el número de su plantilla, resulta incomprensible, excepto claro si no son competentes, que no cumpla su función fiscalizadora.

No se trata de aprovecharse de un cargo para “colocar” a personas “allegadas”. En particular, invito a los lectores a que consulten una serie de dos artículos que he escrito para Publicoscopia. El sistema no da para más transgresiones. (Ver “La democracia de los allegados I-II).

En otro orden, las cifras que arroja la primera encuesta trimestral del INE sobre ejecuciones hipotecarias, que comprende datos de enero a marzo, publicada el 30 de junio descubre un aumento de ejecuciones en cinco comunidades autónomas respecto a los datos manejados por el Consejo General del Poder Judicial. En Andalucía, Canarias, Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura, la cifra de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de 2014 ya supera a la cifra de todo el año 2013.

El número de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de 2014 ya excede al dato anual de 2013 en cinco de las 17 comunidades autónomas españolas. Una tendencia al alza que se observa también en otras tres regiones, donde ambas cifras ya están muy próximas. De sensibilidad frente a esta situación límite, nada de nada. El gobierno desconoce que tenga un problema. Porque lo tiene.

Los análisis dados a conocer se basan en el cruzado de las cifras del informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer trimestre de 2014, con los datos del año 2013 que maneja el Consejo General del Poder Judicial a nivel nacional y por comunidades autónomas. A pesar de ser fuentes diferentes, cabe la comparación, ya que ambos organismos recaban sus cifras del Registro de la Propiedad. El Consejo no ofrece detalles sobre la naturaleza de los bienes arrendados, por lo que sus datos sea han comparado con los que el INE ofrece para el total de ejecuciones.

Frente a esto, el ministro Montoro puso a prueba a nuestra capacidad de asombro cuando, este martes 8 de julio, afirmó sin rubores en el Pleno del Congreso, que España está entrando en el “círculo virtuoso” de una recuperación económica “sólida” que huye de “las fragilidades del pasado”. Además, ha defendido la necesidad de huir de discursos populistas y de la “fatiga” ante las reformas. En su intervención ante la Cámara Baja defendió el techo de gasto del ejercicio 2015. Es el trámite previo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) próximos. Que según algunos analistas pueden incluir recortes, no reformas, por 4.000 millones de euros. Luego se sorprenden de los anteriores resultados electorales. Algo parece estar cambiando en la judicatura: caso de la sentencia de la Audiencia Nacional en el asunto del Parlamento Catalán. Ni que Pablo Iglesias los hubiese asesorado.... Media prensa del régimen se ha quedado con el culo al descubierto.

Mis colegas economistas, cuando carecen de argumentos, suelen tirar de figuras poéticas. En este caso, del género trágico.

No hace mucho me confesaba un allegado al PP, que preparaban el escenario de un cataclismo electoral. Me confesaba que esa era la premura en la aprobación de medidas privatizadoras. Concluyó diciéndome: “... de este modo... si perdemos, no importa, seguiremos ganando...”.

Los ciudadanos, para corregir estos dislates, deberán aplicar tres acciones en el futuro inmediato: el voto, la justicia y la memoria.