La Fiscalía pide una aclaración sobre la sentencia del caso Stratvs

El empresario Juan Francisco Rosa, principal acusado del caso Stratvs, en la primera sesión del juicio celebrado en Arrecife.

Natalia G. Vargas

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La Fiscalía presentará un recurso de aclaración de la sentencia del caso Stratvs, que absolvió a todos los acusados del “mayor atentado medioambiental” de Lanzarote por la edificación de una bodega en el Espacio Natural Protegido de La Geria. El Ministerio Público pedirá este miércoles el complemento de hechos probados porque “la sentencia omitió pronunciarse sobre alguna cuestión objeto de acusación”. Después, en su caso, cabría el recurso de apelación.

En el fallo, publicado el pasado 4 de diciembre, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió al empresario y principal acusado Juan Francisco Rosa del delito continuado de falsedad documental, de usurpación de bien inmueble, del delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente, y también de los delitos de tráfico de influencias, hurto y estafa continuada.

En un escrito que ha sido facilitado a Efe, el Ministerio Fiscal considera que en la sentencia faltan hechos de la causa, no analizó determinadas pruebas y tampoco recoge modificaciones de la acusación pública que se incluyeron en las conclusiones finales, en relación a cuatro de los acusados, entre ellos, el dueño de la bodega “Stratvs”, Juan Francisco Rosa, y la empresa BTL, propietaria de la misma.

Así, desde la Fiscalía se pide que se aclaren hechos imputados al acusado Rosa, al que se juzgó por delitos de usurpación de bien inmueble, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y el medio ambiente, que afectaron de manera grave al espacio natural protegido, así como el delito de hurto que se omite en los hechos probados.

Las otras aclaraciones que exige se refieren al arquitecto que diseñó la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, a quien acusó de los delitos de falsedad en documento oficial de manera continuada, de usurpación de bien inmueble, contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico -también con afectación grave del espacio protegido- y contra el medio ambiente.

Sobre el acusado José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, al que imputó un delito continuado de prevariación medioambiental, también entiende la Fiscalía que se ha omitido “cualquier intervención” del procesado en los mismos, pese a que su conducta delictiva se describe en el escrito de acusación.

Del procesado Blas Noda González, encargado del Catastro de Yaiza, y acusado de un delito de falsedad de documento oficial, incide de nuevo en que omite la descripción de los hechos calificados por la Fiscalía.

En cuanto a la mercantil BTL Lanzarote, el Ministerio Fiscal imputaba los delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico, ambos con afecciones graves sobre el paisaje de La Geria.

La Fiscalía pedía para Rosa quince años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años. Su empresa BTL Lanzarote S.L. también quedó absuelta de los delitos de usurpación, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

La Sección Sexta tampoco condenó al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, otro de los principales acusados y a quien la Fiscalía acusaba de los delitos de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y del delito continuado de estafa cualificada.

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