La Fiscalía vuelve a recurrir el archivo de la causa contra el senador Pedro San Ginés (CC) por denuncia falsa

La Fiscalía ha vuelto a recurrir el archivo de la causa contra el senador Pedro San Ginés (CC) por denuncia falsa y falso testimonio. El Ministerio Público ha interpuesto un recurso de apelación después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de reforma presentado contra el sobreseimiento libre de la causa, dictado en abril. En el primer escrito remitido al Alto Tribunal, la Fiscalía advirtió de que el expresidente del Cabildo de Lanzarote ''orquestó una actuación falsaria utilizando a funcionarios policiales primero y faltando a la verdad en sus declaraciones judiciales después''. Ahora, el Ministerio Fiscal insiste en que es “evidente” que el dirigente de Coalición Canaria tuvo una conducta ''dolosa'', descrita ''tanto en el delito de denuncia falsa como en el delito de falso testimonio''. 

El Supremo archivó la causa por no haberse comprobado que el político actuara con ánimo de faltar a la verdad cuando se presentó en las dependencias de la Guardia Civil a las 22.30 horas para denunciar una serie de hechos presuntamente delictivos atribuidos a Carlos Espino (PSOE), entonces responsable de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), y al administrador de la empresa Climafrical, Antonio González, ya fallecido. El 11 de junio, el Tribunal confirmó el archivo al desestimar el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal. El Supremo resolvió que no podía deducirse que la actuación de San Ginés había sido falsaria ''solo porque los hechos que denunció se archivaran después de la investigación''. 

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la fiscal subraya que cuando San Ginés acudió a la Guardia Civil el 11 de noviembre de 2009 ya dirigía el cabildo insular. ''Llama poderosamente la atención el hecho de que ostentando el denunciante tales cargos, manifieste ante la Guardia Civil que todo lo que presenta o va a presentar es un informe jurídico de un abogado del que no conoce el nombre'' y que formaba parte de los servicios jurídicos de Coalición Canaria. ''La experiencia nos dice que en todos los casos como el denunciado, la documentación que se presenta [...] son documentos oficiales legalmente obtenidos, y con informes jurídicos de la administración, máxime si el denunciante es el presidente del Cabildo insular de Lanzarote'', añade el escrito.

Por estas razones, la fiscal apunta que la denuncia tuvo carácter ''espurio'' y estuvo respaldada por el partido político al que pertenece San Ginés, pero no por la institución que entonces representaba. La acusación particular, representada por Alexandra González Viera, también ha presentado un recurso de apelación contra el archivo. 

San Ginés denunció ante las autoridades que Carlos Espino y el administrador de Climafrical ''se estaban saltando los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos para contratar con sujetos afines al mismo'', insistiendo en que González era afiliado del PSOE.

Pedro San Ginés compareció en dos ocasiones por esta causa ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife. En los dos casos reiteró las acusaciones vertidas contra Espino y González. La tercera vez compareció como imputado por los delitos de denuncia falsa y falso testimonio, y se acogió a su derecho a no declarar. Este año la causa fue elevada al Tribunal Supremo, después de que Coalición Canaria designara a Pedro San Ginés como senador por la Comunidad Autónoma. Lo mismo ocurrió antes con otros dirigentes de CC investigados en causas penales. Fue el caso del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (por el caso de Las Teresitas) o el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (por los casos Grúas y Reparos).

''Podemos concluir que todas las acusaciones vertidas a lo largo del procedimiento [...] no respondían a la verdad'', rezó la Fiscalía en su primer recurso. Además, el documento del Ministerio Público recogió una posible relación entre la actuación del dirigente de CC y la denuncia que presentó ese año Carlos Espino y que derivó en el conocido Caso Unión, la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de piezas e imputados.