Muestran inquietud por la Red de Bibliotecas (BICA)
La Asociación de Bibliotecarios y Archiveros de La Palma muestra su inquietud por “el futuro incierto” del proyecto BICA (Red de Bibliotecas de Canarias) al conocer recientemente la noticia del despido de la coordinadora técnica del mismo, Rosario Serral Montore, por parte de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, según se informa en una nota de prensa.
El BICA es un proyecto que “pretendía la creación de un catálogo colectivo ‒que aunaría los fondos de las bibliotecas de los 88 municipios del archipiélago, las de sus respectivos cabildos y demás bibliotecas especializadas‒ y un único carné”, explican. Con esta iniciativa “se preveía garantizar la autonomía de los usuarios a la vez que se optimizaban los recursos bibliotecarios”, añaden.
Recuerdan que “este proceso que pretendía integrar en un mismo sistema AbsysNET la administración y gestión de todas las bibliotecas, lo inició en el año 2009 la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de Canarias, y estimaba concluirlo en el 2011”. Sin embargo, resaltan, “a fecha de hoy, algunos centros no se han incorporado y aunque se esperaba solventar en breve, parece que nos espera un futuro incierto pues hemos conocido ‒ en esta última semana‒ que la coordinadora técnica del citado proyecto, Rosario Serral Montore, ha sido despedida”. La Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias “ha prescindido de sus servicios y ha obviado un protocolo de colaboración que la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de Canarias ‒competencias que fueron asumidas por la Dirección antes citada‒ firmó donde se comprometía con los cabildos y ayuntamientos al mantenimiento y actualización de licencias, asistencia técnica, así como la dirección y coordinación del proyecto”.
La Asociación de Bibliotecarios y Archiveros de La Palma señalan que “esta bochornosa noticia no ha sido comunicada por los responsables políticos de la mencionada Dirección, al contrario, han silenciado este incidente que pone en peligro la continuidad del proceso”. Consideran que “esta desacertada decisión también podría acarrear graves consecuencias económicas, ya que para esta ejecución se recibió financiación del Fondo Europeo y si no queda garantizada la inversión es muy probable que el Gobierno tenga que proceder a su devolución”.
El panorama que vislumbran los bibliotecarios y archiveros de La Palma no es muy halagüeño. Se preguntan si “tendremos algo que ofrecer a los casi 3.698.926 de usuarios que han visitado nuestras instalaciones desde los inicios del proyecto, con las partidas presupuestarias cada vez más reducidas, sin posibilidades de subvención ‒el pasado año el MCU eliminó la dotación que anualmente asignaba a las bibliotecas‒, menos personal y escasos servicios”.
