Un derecho y no una gracia

Quiso la casualidad que el mismo día que cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas se manifestaban reclamando “pan, trabajo y techo para todos y todas”, coincidiendo con la llegada a Madrid de las “Marchas de la Dignidad”, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, entregara en Tazacorte las llaves de 21 viviendas sociales. Una entrega que a muchos nos vuelve a sonrojar. Pasan los años y las legislaturas, pero la vergonzante escenografía que acompaña estos actos se repite. El presidente de turno del Gobierno de Canarias, en compañía del Consejero/a de Vivienda, autoridades insulares y municipales, entrega a las familias beneficiarias las llaves de su vivienda.

¿Qué necesidad tienen nuestros representantes de mantener este tipo de entregas más propias de la propaganda de un régimen dictatorial que de un sistema democrático? ¿Por qué tienen que hacerse fotos con las familias como si de actores o actrices de Hollywood o deportistas de élite se trataran? Creo que, en buena medida, la necesidad de hacer creer a la ciudadanía beneficiada del acceso a estas viviendas que su derecho ha sido concedido por la Administración como si de una gracia se tratase, la cual hay que recompensar con el voto cuando haya que acudir a las urnas. Quieren seguir considerándonos como súbditos a los que de forma magnánima se les otorga una casa y no como ciudadanos con derechos.

Porque para el Gobierno de Canarias, al igual que para el de España, el objetivo no es hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. De lo que se trata es de convertir este derecho en un elemento más de su estrategia electoral. Porque si no se trata de electoralismo, ¿qué impide que sean funcionarios de la Consejería de Vivienda los que entreguen las viviendas a sus nuevos inquilinos?

Lo sucedido este 22 de marzo vuelve a poner de manifiesto la brecha existente entre los que nos gobiernan y una mayoría social cansada ya de recortes sociales y políticas de empobrecimiento. Pero como en todo cambio de régimen -y en buena medida nos encontramos ante el final del surgido de la Constitución de 1978-, existen elementos que perviven del pasado, como estos actos de entrega, por más que a una mayoría de ciudadanos y ciudadanas una foto no nos vaya a resolver una crisis que no hemos generado, pero cuya factura estamos pagando con sobrados intereses.