Solas, borrachas, queremos llegar a casa

La lucha feminista es, hoy en día, el movimiento social con mayor capacidad transformadora en nuestro país. De nuevo, millones de mujeres han salido a tomar las calles, a reclamarlas como espacios legítimos que deben ser seguros para toda la ciudadanía por igual. A cualquier hora, de cualquier forma. El acto simbólico de la manifestación es, en sí mismo, llevar la sororidad a la práctica en el espacio público, dando voz y visibilidad al conjunto heterogéneo del movimiento feminista. 

Los últimos cuatro años han significado una organización sin precedentes de las mujeres que han hecho suyo el dolor de las víctimas de las numerosas violaciones cometidas por grupos de hombres, las llamadas manadas en Pamplona, en Valencia o en Barcelona solo en 2016. Desde entonces ha habido más de 100 agresiones sexuales múltiples.   

El 2019 trajo consigo el solo sí es sí, aclamado frente a los tribunales en diferentes ciudades tras la condena a la Manada de Manresa por abuso y no por violación. La sociedad demandaba una reforma urgente del código penal, una reforma que garantizara la protección eficaz y que no hiciera cargar a las víctimas con el peso de demostrarse como tal. Entender jurídicamente la violación como el resultado de una acción contraria a la voluntad de una persona en la que esta es obligada haciendo uso de la violencia física suponía negar la existencia de otros tipos de violencia que, del mismo modo, son capaces de subyugar la voluntad del otro u otra. El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobado en el Consejo de Ministras el pasado martes viene a subsanar un gravísimo vacío que dejaba desamparadas a las víctimas. La diferencia entre agresión (implica violencia) y abuso sexual (no implica violencia) ha conllevado la atribución de penas según el criterio de los jueces a la hora de interpretar qué situaciones son consideradas como intimidatorias y cuáles no. La modificación del Código Penal supondría que sea cual sea la circunstancia, la ausencia de consentimiento explícito conlleva, en cualquier caso, una agresión sexual, eliminando el delito de abuso sexual. Con esta nueva tipificación la arbitrariedad a la que estaban sometidos estos casos desaparece, imponiendo un criterio único que aplicarían por igual todos los jueces. 

Esta modificación del marco normativo, sin embargo, va mucho más allá de lo legal, pues implica que se elimina la predisposición a comprender la ausencia del no como un si. La envergadura de esta nueva concepción pone en el centro del debate, de una vez por todas, la voz de la mujer, la palabra en su boca y la capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. En el seno de sociedades bombardeadas por imágenes hipersexualizadas de mujeres de todas las edades pero, en especial, de mujeres muy jóvenes, es imperante dotar de los instrumentos jurídicos que permitan la defensa de la integridad y la libertad sexual de las adolescentes. Deconstruir el ideal de belleza femenina como un producto elaborado para el placer masculino será un trabajo civilizatorio cuyo resultado final no será observable hasta dentro de varios lustros. Es por ello que la tarea fundamental del presente debe ser encauzar un cambio a través de la educación, sin dejar de abordar la situación actual por medio de medidas que protejan a las potenciales víctimas. Poner el consentimiento como condición es darle el valor inherente a la palabra de la víctima, es enfatizar que tenemos el derecho a ser respetadas en el seno de nuestras relaciones afectuosas, sean o no de carácter romántico, que tenemos  derecho al placer, que tenemos derecho al orgasmo. En definitiva, que el acto sexual nos pertenece de la misma forma que pertenece a los hombres, nos sitúa en pie de igualdad práctica, nos sitúa necesarias y presentes. 

Esta movilización social ha traído consigo resultados políticos que derivan de la gran capacidad del movimiento feminista para fijar la agenda del ejecutivo, una oportunidad que se ve incrementada con la coalición de gobierno de izquierdas. Vivimos un momento histórico, una ventana abierta en forma de oportunidad para convertir a nuestro país en la vanguardia de la lucha por la igualdad, en un ejemplo global que convierta las demandas de más de la mitad de la población en una realidad tangible en la que nos sintamos reconocidas y respetadas.