Un despido le cuesta a Fuencaliente 40.000 euros
Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), en un comunicado, señala que el Ayuntamiento ha tenido que indemnizar con 40.000 euros a una trabajadora del Consistorio por despido improcedente. Indica que, “una vez más, la falta de ética de nuestro alcalde es escalofriante, ya que no solo expulsa a quien él considere sin motivo alguno, simplemente por no encajar con sus intereses partidistas, sino que, además, muestra el poco rigor y la falta de honestidad con el dinero que no sale de su bolsillo, sino del bolsillo de los fuencalenteros”.
Los hechos que denuncia, señala, tuvieron lugar “hace ya unos meses, exactamente, el día 20 de febrero de 2013, cuando Coalición Canaria decide despedir a una de las trabajadoras en plantilla” del Consistorio, en concreto, “la técnica de Administración General (realizando sus funciones dentro del departamento de Intervención), exponiendo que se le tenía que echar por motivos económicos, ya que el Ayuntamiento, según CC, no contaba con presupuesto suficiente para sufragar el gasto de este personal”.
UPF, precisa, expresó entonces su “rechazo a tal actuación” argumentando, en primer lugar, “que no era cierto que presupuestariamente el gasto de esta trabajadora no se pudiera abordar, ya que UPF había estado estudiando los presupuestos y éstos contemplaban dicho gasto en la partida de personal”. También alegó que “en caso de no haber solvencia económica, tenían que priorizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y sueldo de las y los trabajadores, por encima de los sueldos de los cinco concejales liberados que hay, actualmente, en el Ayuntamiento, cobrando cuatro de ellos sueldos superiores a los 2.000 euros en un pueblo con menos de 2.000 habitantes”. Planteó igualmente al grupo de Gobierno “la arbitrariedad y mal proceder a la hora de dicho despido” y demandó, al efecto, “la readmisión de la trabajadora en su puesto”.
Indica que “tras nuestra argumentación, Coalición Canaria, como es su proceder habitualmente, hizo caso omiso, demostrando, una vez más, la gestión dictatorial que realizan y la falta de criterios democráticos y humanos”.
La trabajadora, añade, llevó “a juicio al Ayuntamiento para exigir sus derechos fundamentales, ya que había bastantes argumentos que demostraban que el despido había sido improcedente”.
UPF señala que Ayuntamiento reconoció “la improcedencia del despido”, pero ni se retractó ni la readmitió, “costando esa decisión del alcalde una indemnización de unos 40.000 euros, que salieron de las arcas municipales (dinero público de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio), sabiendo fielmente que la única intención de la trabajadora era ser readmitida”.
Por todo ello, concluye, “queremos denunciar y oponernos firmemente a este tipo de política, que no está al servicio del pueblo sino que fomenta la falta de moral en el uso de la gestión pública”.
