Los Llanos reclama al Estado más inversión para empleo juvenil
El Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en la sesión ordinaria celebrada este miércoles, aprobó la moción presentada por Coalición Canaria y el Partido Socialista que insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España a que, dentro de su 'Estrategia Española para el Empleo', destine recursos y una partida presupuestaria específica en Canarias para acciones con jóvenes entre 25 y 30 años, informa el Consistorio en un comunicado.
Al comienzo del Pleno tomó posesión de su cargo de concejala Pilar Hernández Rodríguez (PP), sustituyendo a Zebensui Hernández Francisco, y se anunció la renuncia de Juan Ramón Rodríguez Marín al escaño de edil (CC), como avanzó cuando, el pasado 13 de noviembre, se aprobó la moción de censura presentada por CC y PSOE para destronar a la popular Noelia García de la Alcaldía. Tal renuncia fue planteada por los socialistas como condición para suscribir el nuevo pacto de Gobierno con los nacionalistas. Rodríguez Marín será sustituido por José Francisco Rodríguez Lorenzo.
El concejal de Juventud, Adelto Concepción, señaló que este acuerdo pretende que se atiendan las necesidades de los jóvenes del Archipiélago, en general, y del municipio, en particular, en materia de generación de empleo.
En ese sentido, Adelto Concepción recordó que esta orquilla de edad es la más perjudicada por el desempleo, incluyendo un gran número de jóvenes que aún no han tenido oportunidad de trabajar por primera vez. En ese sentido, dijo, se hace necesario que el Estado, competente en esta materia, articule las medidas oportunas para intentar paliar esta lacra que azota a la sociedad actual, y en la que los jóvenes y las familias están siendo las principales perjudicadas.
Adelto Concepción destacó la necesidad de apremiar al Gobierno de España a que articule estas políticas, y destine, de una vez, los recursos necesarios para garantizar la inclusión en el mercado laboral de los jóvenes canarios.
En la sesión plenaria se aprobó también la moción conjunta de PSC-PSOE y CC instando al Gobierno de España a autorizar la consulta popular para conocer el parecer de la ciudadanía canaria sobre la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas al Archipiélago. La moción contó con el apoyo de la concejala del CCN y el rechazo del grupo municipal del Partido Popular.
El primer teniente alcalde del municipio, José María de Vargas, señaló que la solicitud pretende determinar qué piensan la ciudadanía canaria sobre un asunto de vital trascendencia, y por ello, se insta a la aprobación de esta consulta popular, que permitirá un ejercicio de democracia directa y a la ciudadanía canaria decidir sobre un asunto que afecta a los modelos económico y ambientales del Archipiélago.
José María de Vargas indicó que no puede obviarse que la autorización para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias es una cuestión política de enorme trascendencia por sus múltiples implicaciones: contaminación de costa y mar, potabilización de agua, afluencia turística o actividad económica, entre otras. Implicaciones que, aunque en mayor medida afectarían a las islas de La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, acabarían repercutiendo al conjunto del Archipiélago, tanto en su vertiente medioambiental como en su incidencia en la marca turística 'Islas Canarias'.
Además, recordó José María de Vargas, “conviene tener presente que una decisión de este tipo trascenderá de la actual coyuntura afectando a las generaciones futuras, habida cuenta que puede traer como consecuencia un cambio radical en el modelo productivo de Canarias”.
El pleno, con los votos a favor del Partido Socialista, Coalición Canaria y Centro Canario Nacionalista, y el rechazo del Partido Popular, aprobó asimismo la moción defendida por la concejala socialista Ampara Martín para instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
Amparo Martín señaló que la actual Ley recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
Asimismo, la concejala destacó que la reforma propuesta por el Gobierno representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales del sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.
En su intervención, Amparo Martín indicó que con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno “se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación” y “grave peligro para la vida o la salud” de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado“.
