La sentencia del TSJC no afectará al servicio de agua
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó este lunes por unanimidad convocar la mesa de contratación, antes del 31 de marzo, para adjudicar de nuevo el servicio de agua potable, depuración y saneamiento del municipio, dando así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 27 de diciembre de 2012, que anula la concesión de la gestión a la empresa Canaragua acordada en sesión plenaria el 24 de septiembre de 2007.

El alcalde, Sergio Matos, ha asegurado que el procedimiento exige “una rescisión de contrato, pero por tratarse de un servicio público necesario para la ciudadanía, éste no se verá afectado”. El mandatario municipal espera que en un plazo de “dos o tres meses” esté resuelto este asunto.
La demanda fue presentada por dos de las tres empresas que se presentaron al concurso, Aqualia Gestión Integral del Agua y Valoriza SL. Las dos mercantiles, junto a Canaragua, concurrirán nuevamente y abonarán la fianza exigida.