La carretera que atraviesa el volcán: la LP-2, cuatro años después del Tajogaite
Cuando el volcán Tajogaite cortó la LP-2 en septiembre de 2021 no solo sepultó una carretera. Rompió la continuidad territorial del sur de La Palma y abrió un proceso técnico y administrativo que, más de cuatro años después, sigue generando debate. La obra que ahora se ejecuta no es una carretera nueva, sino una suma de proyectos, modificados y decisiones tomadas bajo presión.
Una carretera clave antes del volcán
La LP-2 no es una vía secundaria. Es la gran arteria del sur de La Palma, la circunvalación que conecta Fuencaliente, Mazo y el Valle de Aridane sin atravesar la capital. Antes de la erupción, soportaba buena parte del tráfico agrícola, turístico y de mercancías de la isla.
El proyecto de acondicionamiento del tramo San Simón–Tajuya llevaba años en ejecución intermitente, con problemas de taludes, drenajes y seguridad vial que ya habían motivado dos proyectos modificados antes de 2021. La obra original se había adjudicado en 2011, y su ejecución arrastraba retrasos y ajustes mucho antes de que el volcán apareciera.
Septiembre de 2021: cuando el terreno deja de existir
El 19 de septiembre de 2021 la erupción volcánica alteró por completo el escenario. Las coladas sepultaron la LP-2 entre los puntos kilométricos 40+000 y 43+000, en los términos municipales de Los Llanos de Aridane y El Paso. Según los informes oficiales incorporados al expediente, más de 88 kilómetros de carreteras quedaron destruidos o inutilizados en la isla.
Desde ese momento, la restitución de la LP-2 dejó de ser un problema convencional de ingeniería civil. El terreno había cambiado de naturaleza. Donde antes había suelo agrícola y roca consolidada, ahora existía un campo de lavas recientes, con temperaturas elevadas, canales lávicos y un subsuelo inestable.
Emergencia, soluciones provisionales y espera
Entre 2021 y 2024 se actuó mediante soluciones de emergencia. Desvíos provisionales, pistas sobre lava, carreteras temporales que permitieron una conectividad mínima, pero insuficiente para absorber el tráfico estructural del sur.
El propio Gobierno de Canarias reconoce en los documentos que no era posible recuperar la LP-2 siguiendo el trazado original, porque la morfología del terreno lo hacía inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad.
Aun así, durante esos años se fue retrasando la solución definitiva. El debate no era solo técnico. También era jurídico: cómo ejecutar una obra de gran envergadura sin iniciar un nuevo proceso completo de licitación que podría alargarse varios años.
Modificado o complementario: una diferencia clave
Aquí aparece uno de los puntos más controvertidos del proceso. En términos administrativos, un proyecto modificado altera un contrato existente dentro de ciertos límites. Un proyecto complementario, en cambio, permite incorporar obras nuevas no previstas inicialmente, siempre que estén directamente vinculadas a la obra principal y respondan a circunstancias imprevistas.
La erupción volcánica encajaba, desde el punto de vista jurídico, en esa categoría de circunstancia imprevisible. El Gobierno de Canarias optó por esta vía para evitar una nueva licitación completa y poder encargar la obra a la misma adjudicataria original.
Esa decisión es legal, pero no neutra. Reduce plazos, pero concentra poder decisorio y limita la competencia. De ahí parte buena parte de la polémica posterior.
El Modificado nº 2 y el salto definitivo
Antes de que el Complementario nº 1 viera la luz, se tramitó el Modificado nº 2, aprobado en 2024, que ya incorporaba nuevas expropiaciones y ajustes derivados de la situación postvolcánica. Ese modificado permitió desbloquear actuaciones previas, pero no resolvía el tramo sobre las coladas.
La obra clave seguía pendiente. La reconexión real de la LP-2 no llegaría hasta finales de 2025.
Diciembre de 2025: el Complementario nº 1
El 23 de diciembre de 2025 el Gobierno de Canarias aprobó definitivamente el Proyecto Complementario nº 1 de las obras de acondicionamiento de la LP-2, tramo San Simón–Tajuya.
El proyecto contempla:
- 2,3 kilómetros de nuevo trazado sobre coladas volcánicas.
- Un presupuesto de 24,1 millones de euros.
- Un plazo de ejecución de 14 meses, con previsión de finalización en 2027.
La solución técnica es compleja. No se excava la lava. Se construye un terraplén aislante que permita disipar el calor residual y evitar deformaciones del firme. El propio expediente habla de estudios geotérmicos continuos y medidas extraordinarias de seguridad para maquinaria y trabajadores.
Enero de 2026: expropiaciones por vía de urgencia
Para poder ejecutar la obra, la Consejería de Obras Públicas declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, una figura legal que permite acelerar las expropiaciones cuando existe interés público de primer orden.
Los listados publicados en el Boletín Oficial de Canarias recogen decenas de fincas en Los Llanos de Aridane y El Paso, con superficies que van desde pequeñas parcelas hasta terrenos de varios miles de metros cuadrados.
La Administración justifica la urgencia por razones de cohesión territorial, seguridad vial, acceso a servicios básicos y recuperación económica tras la erupción.
La crítica: transparencia y acceso a la información
Aquí emerge con fuerza la crítica de plataformas ciudadanas como Tierra Bonita, que denuncian dificultades para acceder al expediente completo, especialmente a los planos detallados y a determinados informes técnicos vinculados a fases posteriores del proyecto.
La asociación no cuestiona la necesidad de la carretera, pero sí el procedimiento y el grado de exposición pública, especialmente cuando se habla de obras de esta magnitud sobre un territorio tan sensible.
Desde la Consejería se responde que el expediente ha seguido los cauces legales, que las expropiaciones han salido a información pública y que los planos pueden consultarse en dependencias oficiales, aunque no estén íntegramente disponibles en abierto en formato digital.
Un enfrentamiento político de fondo
El debate técnico ha derivado también en enfrentamiento político. Para el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, la LP-2 es una infraestructura estratégica sin alternativa viable a corto plazo. Cada mes de retraso tiene impacto directo en la economía del sur de la isla.
Para la oposición y las plataformas críticas, la urgencia no justifica la opacidad ni la concentración de decisiones en expedientes poco accesibles para la ciudadanía.
Ambas posiciones conviven hoy sin resolverse del todo.
Lo que está en juego
La LP-2 no es solo una carretera. Es un símbolo de cómo se reconstruye una isla tras una catástrofe natural. El proyecto complementario permite avanzar donde el procedimiento ordinario habría tardado más años. Pero también deja preguntas abiertas sobre planificación, control público y modelo de reconstrucción.
La obra ya está en marcha. Las máquinas trabajan sobre una lava que todavía guarda calor bajo la superficie. El asfalto avanza, pero el debate no se ha cerrado.
Cuando la LP-2 vuelva a unir San Simón con Tajuya, La Palma habrá recuperado algo más que una carretera. Habrá demostrado hasta qué punto es capaz de reconstruirse sobre un terreno que aún respira volcán. Lo que quede después, en términos de confianza institucional y transparencia, marcará el verdadero balance de esta obra.
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