La propuesta de ley de vivienda vacacional es mejorable

La iniciativa de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de regular el creciente subsector de vivienda vacacional mediante la Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas es necesaria, pero entendemos que, al no abordar este fenómeno dentro del resto del negocio turístico de Canarias, pareciera que no existe el contexto de masificación urbanística, sobreexplotación de los recursos, colapso de infraestructuras que el sector en su conjunto está provocando en las islas, y al que la vivienda vacacional contribuye, sí, pero en menor medida.

Ahora bien, la proliferación descontrolada de viviendas vacacionales en Canarias está generando diversas problemáticas específicas, como el deterioro de la convivencia vecinal, la escasez de viviendas de alquiler residencial y el alza del precio de las mismas y la consecuente gentrificación y turistificación de las ciudades. También supone competencia desleal y crecimiento del mercado irregular, al margen del cumplimiento de la normativa y de las obligaciones tributarias. Es un desarrollo que desborda el planeamiento urbanístico al no estar contemplado.

Por todo ello, hemos presentado propuestas en el marco de la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Ley regulador del uso turístico de las viviendas.

Proponemos que las administraciones públicas creen un registro preciso y actualizado de viviendas turísticas, es decir, que incluyan las regladas y no regladas, que permita la transparencia y trazabilidad de las mismas, generando estadísticas e información sobre el perfil del arrendador.

Las personas que pongan una vivienda en explotación turística tendrían que ser personas físicas, dejando fuera de este subsector a empresas turísticas o inmobiliarias, para garantizar que la vivienda vacacional sea una forma de ‘democratizar’ y repartir las rentas del negocio turístico, y evitar la intromisión especulativa de fondos buitre.

Por consiguiente, creemos necesario que se pongan límites a los alojamientos turísticos mediante estudios de capacidad de carga que tengan en cuenta la sostenibilidad y se cuente con participación ciudadana en ellos. Esto debe realizarse priorizando la disponibilidad de viviendas residenciales para la población local frente al uso turístico.

Además, las viviendas vacacionales tendrían que situarse de forma integrada con los planes urbanísticos o territoriales, que deberían siempre respetar las áreas residenciales y el entorno natural, y excluir la posibilidad del uso turístico de las viviendas de protección oficial.

Proponemos, además, que las viviendas no puedan ser puestas en alquiler vacacional hasta pasados 10 años desde su compra, otorgar beneficios fiscales a quienes opten por arrendar alojamientos en régimen de larga duración para residentes, y un aumento del personal para que se realicen inspecciones regulares que garanticen el cumplimiento de la normativa.

Recalcamos que todos estos procedimientos deben realizarse con la implicación activa de la población local, mediante consultas ciudadanas y con la ayuda de mecanismos de retroalimentación. Las medidas que proponemos deberían llevar un seguimiento y control por parte de las administraciones, mediante la imposición de sanciones a quienes no las cumplan, incluyendo a las propias administraciones como sancionables.