CC-PNC plantea refundir el régimen especial de ordenación de la actividad turística en las ‘Islas Verdes’ para dotarla de seguridad jurídica

El diputado por La Palma y presidente del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) en el Parlamento autonómico, Antonio Castro defenderá, en el próximo pleno, una Proposición de Ley especial de ordenación territorial de la actividad turística en las Islas Verdes  (La Palma, La Gomera y El Hierro), “que ha impulsado para el desarrollo económico de estas islas y que se ha presentado conjuntamente con el Grupo Mixto (Agrupación Socialista Gomera-ASG)”, se indica  CC-PNC en una nota de prensa. 

Explica que “se trata de refundir en un solo texto normativo los 11 textos legales que, desde el año 2002, han versado sobre el régimen especial de ordenación territorial de la actividad turística en las Islas Verdes”. Añade que “esta nueva ordenación jurídica dotará de la necesaria seguridad y certeza jurídicas a los operadores económicos y a las Administraciones competentes para su aplicación, que estaban encontrando ciertas dificultades para la interpretación de la norma”. 

En la nota se  recuerda que “desde el año 2002 la ordenación territorial de la actividad turística presenta una regulación dual en el ámbito autonómico canario: la aplicable como legislación general para el conjunto del Archipiélago y la específica de las Islas Verdes”. 

Apunta que “los principios que inspiraron esa singularidad siguen plenamente vigentes y actuales, que fueron recogidas en la Ley 6 /2002, que reivindicaba para tales islas permitir un modelo turístico alternativo al de la urbanización turística del litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso, dé respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el marcado  y establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje”. 

Señala que “esta legislación especial, que surge de la iniciativa parlamentaria, en ningún caso autoriza la urbanización del suelo rústico, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, por cuanto no se produce un proceso de transformación del suelo”. “Lo que sí se permite”, subraya, “es que el suelo rústico sea soporte a la implantación de actividades turísticas y esta nueva normativa, al incorporar determinadas innovaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional y la adaptación a la Ley del Suelo, consigue el necesario equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad territorial y ambiental consustancial al suelo rústico y el respeto con los valores propios de cada categoría  del mismo”.