Equo exige a los políticos que se reduzcan el sueldo
La formación política de principios ecosociales ha planteado tal cuestión al tener conocimiento de “la noticia aparecida recientemente en un conocido periódico de ámbito regional, en la que, básicamente, se decía que ningún alcalde o concejal en la Palma se baja el sueldo en el año 2013”.
En el año 2012, exponen los representantes de Equo en un comunicado, “se redujeron las retribuciones a los empleados del sector público y privado de La Palma y resto de Canarias” y señala que “mucho nos tememos que este año 2013 se vuelva a repetir la misma jugada”.
Desde los poderes políticos económicos, añaden, “se están realizando recortes brutales en el estado del bienestar, que fundamentalmente afectan a las capas más desfavorecidas de la sociedad, pero también a la mayor parte de la ciudadanía”.
Ante los acontecimientos mencionados, esgrimen, “pensamos que una mayoría de la clase política y dirigente de La Palma y resto de Canarias se está manteniendo al margen de estos recortes.
Por lo tanto, insisten, “exigimos que cualquier recorte que se produzca en las retribuciones de los empleados del sector público en Canarias, sea precedido por un recorte superior, en términos de porcentaje, en las retribuciones de la clase política de su correspondiente ámbito territorial”. Subrayan que “decimos superior porque durante los años de la bonanza económica, muchos políticos se subían el sueldo en porcentajes bastante superiores a las subidas de salario de los empleados públicos” y, por tanto, enfatizan, “se trata de compensar los abusos del pasado”.
Demandan asimismo que “cualquier recorte que se produzca en las retribuciones de los empleados del sector privado en La Palma y resto de Canarias, sea precedido por un recorte igual o superior, en términos de porcentaje, en las retribuciones de la clase dirigente de sus respectivas empresas”.
Entienden que, como “llevamos varios años acostumbrados a los excesos y abusos en la gestión de los dineros públicos, por parte de muchos cargos públicos, ha llegado el momento de que la transparencia inunde lo público”. Por tal motivo, reiteran, “consideramos que se hace imprescindible que todos los ciudadanos sepamos las retribuciones de los que nos gobiernan y se nos ofrezca información detallada de salarios, complementos, indemnizaciones, pluses, dietas, gastos de representación, de teléfono, uso de los vehículos oficiales, etcétera”. Esta información, apuntan, “debe ser colgada de las respectivas páginas webs de las respectivas administraciones”.
Creen que “cualquier gestión decente y transparente de cualquier cargo público pasa por la publicación actualizada y permanente de estos datos”. El objetivo, explican, “es establecer un control, mientras no se regule legalmente, al menos desde la opinión pública, a las retribuciones de nuestros cargos públicos y evitar abusos como los producidos en fechas pretéritas”.
Aún hoy en día, continúan argumentando, “a pesar de la crisis y los recortes, mucho nos tememos que todavía existen gestores que se otorgan retribuciones y prebendas claramente abusivas e inadmisibles”.
Detacan que, desde Equo La Palma, también “queremos manifestar que la futura ley que limitará las retribuciones de alcaldes y concejales, que está preparando el Gobierno de la nación, sospechamos que será otra norma hecha a su medida, de cara a la galería, para que todo siga igual y una gran parte de la casta política pueda seguir disfrutando de retribuciones inmerecidas y de vergonzosos privilegios”.
Por este motivo, concluyen, “exigimos una ley de control de retribuciones que regule a toda la clase política, en la que se pueda articular la participación de toda la sociedad (partidos minoritarios, sindicatos, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONGs), etcétera)”. Además, remarcan, “sería deseable que, por higiene democrática, en este asunto los partidos mayoritarios se mantuvieran al margen, y que únicamente se limitaran a aprobar lo que la sociedad decida”, pues, alegan, “es absurdo y un insulto a la inteligencia que los mismos que gobiernan legislen para establecer o limitar sus propios salarios”.
