El Gobierno regional ajustará las leyes 'antitransfuguismo' canarias a la jurisprudencia constitucional

El Gobierno regional revisará las leyes antitransfuguismo de Canarias para que se ajusten a la jurisprudencia constitucional derivada de la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional, informa en una nota de prensa.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en respuesta a una pregunta de la diputada de CC Socorro Beato, afirmó que creía obligado revisar las leyes de municipios y cabildos que penalizan a los concejales y consejeros llamados “tránsfugas”, quienes según las leyes vigentes no pueden asumir ciertas funciones, ni percibir ciertas retribuciones.

Julio Pérez dijo que, tras una sentencia de diciembre de 2017 del Tribunal Constitucional (TC), hay que revisar si las limitaciones legales impuestas a los tránsfugas han de considerarse limitaciones al “mandado libre” que vincula al concejal o consejero con sus electores.

En la nota se apunta que una vez que el TC ha dictaminado que ese mandato libre no puede restringirse mediante límites jurídicos, es “obligado”, dijo Julio Pérez, estudiar si es procedente derogar las leyes canarias.

La diputada Beato sostuvo que las limitaciones económicas a los tránsfugas para cobrar retribuciones pueden mantenerse, y que el propósito del Gobierno obedece a “intereses partidistas”, lo que negó el consejero, diciendo que, por el contrario, había sido Beato quien se refirió a tales intereses.

Julio Pérez afirmó que se trata de un debate jurídico, no político, o no solo político.

Cuando lleguen al Parlamento los proyectos normativos que aborden el asunto habrá ocasión, dijo el consejero, de medir exactamente qué parte de las leyes debe corregirse o derogarse.