La portada de mañana
Acceder
El juez Aguirre toma la delantera para excluir a Puigdemont de la amnistía
Ayuso, encantada con la destrucción del Estado de Milei. Por Sáenz de Ugarte
Opinión - Ayuso, anfitriona de la cumbre sociópata. Por Rosa María Artal

El Estado mantiene las medidas de apoyo para la reconstrucción de La Palma

Imagen actual de la zona afectada por las coladas. JOSÉ TOMÁS RODRÍGUEZ DE PAZ

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

0

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley de prórroga de determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania; de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que se prolongan hasta el 31 de diciembre, además de incluir otras iniciativas de relevancia y transponer un paquete de directivas comunitarias. El Gobierno amplía así la vigencia temporal de las medidas para seguir protegiendo a las clases medias y trabajadoras mientras dure el conflicto bélico.

Este séptimo paquete de medidas anticrisis moviliza 3.800 millones de euros adicionales. Entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones, el monto global alcanza los 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, se están movilizando más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra.

De esta forma, para mitigar el incremento de los precios, se mantiene las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, huevos, frutas y verduras) y del 10% al 5% en otros productos básicos, como la pasta y los aceites. Estas rebajas tributarias permanecerán en vigor hasta finales de 2023, siempre que la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%.

El Gobierno prorroga seis meses más las ayudas a CCAA y entidades locales para cofinanciar los descuentos de al menos el 50% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público, sobre las que tienen competencias. El Estado destinará un máximo de 380 millones de euros más para cubrir el coste de la reducción de un 30%, siempre y cuando las administraciones autonómicas y locales financien como mínimo un 20% adicional, con cargo a sus presupuestos. En Canarias y Baleares, el transporte público será gratuito para los usuarios recurrentes a lo largo del 2023.

En cuanto a la vivienda, el Ejecutivo extiende el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2023, en los casos ya previstos por la actual normativa.

Se mantienen las ayudas directas a trasportistas, agricultores y pescadores, con la bonificación de 10 céntimos por litro de carburante durante los tres primeros meses y de 5 céntimos, entre octubre y diciembre.

Asimismo, se establece la imposibilidad de que las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto-ley planteen el aumento de los costes energéticos como causa de despido.

Medidas energéticas

El Ejecutivo extiende hasta finales del 2023 el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado, dado que las cotizaciones internacionales de los gases licuados de petróleo (GLP) tienen un carácter estacional muy acentuado, encareciéndose en los meses de invierno. El precio máximo de venta de la bombona está regulado y se revisa bimestralmente. En la actualidad, gracias a la relajación de los mercados internacionales, está situado en 15,96 euros.

El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se beneficia la industria electrointensiva desde el 1 de enero de 2022.

En la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables en tramitación, que suman 43 GW de potencia –el 80% fotovoltaica y el 20% eólica– y deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa. Por ello, se extiende seis meses el plazo para que esos proyectos obtengan la autorización de construcción, facilitando la participación pública en su nueva configuración y aumentando las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación.

La ley facilita la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, al declarar de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia inferior a 3 MW -hasta ahora es de 250 kW-, por lo que tampoco requerirán de autorización administrativa previa.

Volcán de La Palma

El real decreto-ley mantiene el apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma, con la prórroga hasta finales de este año del aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social, las prestaciones por cese de actividad para autónomos y los ERTE vinculados al impacto de la erupción del volcán, así como la exención en el pago de cuotas a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta para las empresas y trabajadores. A lo que hay que sumar la suspensión del pago de préstamos con y sin garantía hipotecaria concedidos y las exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), hasta el 31 de diciembre.

Impulso a la vivienda y al coche eléctrico

También el Ejecutivo ha dado luz verde al marco legal de la nueva línea de avales del ICO para la adquisición de la primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente por jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo, cuyos ingresos individuales no superan los 37.800 euros al año. El aval del Estado cubrirá entre el 20% y el 25% de la hipoteca, por un importe global de hasta 2.500 millones de euros y tiene por objetivo facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas.

Además, se establece dos nuevas deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. El máximo de la deducción, que se podrá aplicar desde el momento de adquisición del vehículo, será de 20.000 euros.

Se introduce el derecho al olvido oncológico, por el que se declaran nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes por cáncer que discriminen a la hora de contratar productos o servicios, se evita que se tengan en cuenta los antecedentes oncológicos del asegurado para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros y se establece el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer, al contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.

El Gobierno aprueba nuevos criterios medioambientales y de gestión del tráfico en el procedimiento para otorgar las licencias de VTC y así consolidar la convivencia con el sector del taxi. De esta forma, se vinculará al cumplimiento de criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones y de gestión del tráfico y del espacio público de la comunidad autónoma, donde se pretenda domiciliar la autorización. 

La norma incluye también medidas para dotar de mayor flexibilidad presupuestaria al proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de microelectrónica y semiconductores, fundamental para impulsar esta industria estratégica en nuestro país. Y recoge, por otro lado, una ampliación temporal de la vacatio legis de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, de forma que ésta se hará efectiva el 1 de enero de 2024.

Transposición de directivas europeas

De igual manera, el real decreto-ley incluye la transposición de directivas comunitarias, como la de movilidad -en lo relativo a transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas- y la modificación de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, así como la incorporación de los permisos previstos en la directiva de conciliación, de manera que las personas trabajadoras puedan disfrutar de 5 días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o a un conviviente; 4 días al año por fuerza mayor familiar; y 8 semanas, hasta que el menor cumpla 8 años. 

Etiquetas
stats