Podemos dice que la Fiscalía ve indicios de delito en la gestión del exconsejero Berriel en la carretera del norte de La Palma

La Fiscalía ha remitido un oficio en el que señala que las irregularidades denunciadas por Podemos respecto al sobrecoste de la carretera del norte de La Palma pueden ser constitutivas de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que ha acordado presentar denuncia contra el exconsejero Domingo Berriel (CC).

El diputado regional de Podemos Manuel Marrero ha comunicado esta decisión de la Fiscalía este martes en declaraciones a los periodistas, y ha asegurado que el Ministerio Fiscal también ha pedido que el exconsejero de Obras Públicas Domingo Berriel pase a actuar en calidad de investigado (lo que anteriormente se conocía como imputado), una cuestión que le corresponderá dirimir a la autoridad judicial.

Podemos denunció ante la Fiscalía hace cerca de un año presuntas irregularidades con un sobrecoste que en 2016 se había calculado en torno al 66% y que posteriormente, según Marrero, han averiguado que ha llegado a ser del 96,5% del coste.

Se trata de una obra que se adjudicó en 2007 por algo más de 32 millones de euros con un plazo de ejecución de 40 meses. 

El objeto de la denuncia de Podemos es el contrato de obra de acondicionamiento de la C-380 porque, según este partido, las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas dirigida por Berriel estaban destinadas a “favorecer” presuntamente a la UTE contratista, formada por Acciona y Lopesan Asfaltos y Construcciones “a costa del erario público”.

Marrero ha expresado que el proceso está en una fase muy inicial y a continuación lo que sigue es la aceptación o no de lo que la Fiscalía plantea.

“Queremos dejar claro que cualquier ciudadano, como Domingo Berriel, tiene presunción de inocencia y nos mantenemos en esos términos, pero también afirmamos que tanto el Gobierno actual como los anteriores no han sido transparentes con el ejercicio del dinero público”, ha denunciado Marrero. 

El diputado ha recordado que ha pedido en el Parlamento en varias ocasiones que el Gobierno dé cuenta e informe sobre la obra pública realizada en Canarias en la última década y que le valía “una simple tabla de excel” con el detalle del nombre y número del expediente, cantidad con la que se inicia la obra y cantidad con la que se termina.

“Esa información no se nos ha remitido, por lo que consideramos que el Gobierno de Canarias ha actuado con obstrucción parlamentaria”, ha dicho Marrero, que ha hecho hincapié en su derecho y deber como oposición de realizar el control sobre la actuación del Gobierno “en representación de la ciudadanía que nos ha elegido”. 

Marrero ha indicado que están satisfechos de que la Fiscalía haya confirmado que no iban en la dirección equivocada y ha pedido que los indicios iniciales se averigüen hasta el final “con transparencia”.