Amnistía Internacional reclama la restitución de tierras en Colombia
El Grupo Local de Amnistía Internacional (AI) llevará a cabo este sábado, 7 de febrero, una acción de calle en el marco de la campaña ‘Colombia, ¡Devolvednos la tierra!’, según se informa en una nota de prensa. El acto se desarrollará en la Calle Real de Santa Cruz de La Palma, a la altura de la Plaza de España, de 10.30 a 13.30 horas. Los activistas de AI instalarán una mesa informativa y recogerán firmas de apoyo a un proceso de paz que pasa por la restitución de tierras a millones de personas expulsadas. Asimismo, se procederá a la lectura de un manifiesto, que correrá a cargo de Mónica Pérez, de la Asociación Sociocultural Mareando.
Colombia tiene “uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo y las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”, asegura esta organización. “Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del Gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente”, recuerda.
Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población), prosigue, “han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos”.
Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley 1448, “no se están tomando medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias”, dice. “El proceso está siendo demasiado lento, e incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a sus casas”, subraya.
“No basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio”, manifestó Montserrat Román, coordinadora de Amnistía Internacional en La Palma. Por ello, añadió, “el próximo 7 de febrero saldremos a la calle para pedir al Gobierno colombiano que agiliza el proceso de devolución de tierras”. “El éxito de las conversaciones de paz, que recientemente han iniciado Gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pasa por esta devolución”, dijo.
Para ello, el Gobierno colombiano “debe tomar medidas contra la violencia, puesto que al final de agosto de 2014, la Fiscalía General estaba investigando al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, pero es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor, y contra la explotación empresarial, porque poderosos gigantes empresariales nacionales e internacionales han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses económicos, incluso por medio de la adquisición ilegal de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, no se han tomado medidas para abordar la responsabilidad de las empresas”, sostiene Amnistía Internacional.
El conflicto armado interno de Colombia se ha caracterizado “por la comisión sistemática y generalizada de abusos y violaciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, secuestros y violencia sexual. Han sido obra de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares, que actuaban solos o en connivencia, así como de la guerrilla”, afirma AI.
