El Cabildo paraliza los expedientes sancionadores al transporte por carretera
El grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma paralizará de forma cautelar los expedientes sancionadores actualmente en trámite, relativos a los incumplimientos en materia de transporte por carretera, informa en un comunicado. Éstos se concretan “en excesos de peso, transporte de mercancías perecederas, peligrosas y en las irregularidades de los dispositivos electrónicos que registran datos en los vehículos de carga”. La medida, aprobada en el último pleno, “frena la imposición de sanciones” por parte de la Institución insular, que entiende que “no tiene competencias” en la materia. “Cuando se ha de sancionar se ha de hacer pero de forma más razonable desde el punto de vista económico y con unas competencias claras para ejercer esa potestad”, expone el vicepresidente y consejero de Transportes del Cabildo, Carlos Cabrera.
El alto cargo de la primera Corporación defendió la necesidad de “establecer como criterio de este Cabildo, que el ejercicio de la potestad sancionadora para estas infracciones está en manos de la Comunidad Autónoma de Canarias”. “Ello resulta de una importancia capital dado que las resoluciones que impongan las correspondientes sanciones podrían estar viciadas de nulidad de pleno derecho ?art. 62.1.b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre-, por manifiesta incompetencia en razón de la materia”.
Desde los servicios correspondientes del Cabildo, al efecto, añade, “se ha emitido ahora un amplio dictamen, que concluye con la decisión de establecer que las competencias en cuanto a sanciones por carretera corresponden al Ejecutivo autonómico y no al Cabildo, acuerdo que se remitirá al Ministerio de Fomento, además de a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias y a los restantes cabildos insulares”.
El acuerdo plenario adoptado por la Corporación palmera de forma unánime, será remitido también al presidente del Gobierno de Canarias, “con el fin de que recabe el pertinente informe al Consejo Consultivo de Canarias, atendiendo a la especial relevancia de este asunto”.
Carlos Cabrera explicó que “no tratamos de declarar impunes comportamientos no ajustados a la normativa, puesto que, en todo caso, la deberá seguir ejerciendo la comunidad autónoma pero, con independencia del excesivo castigo económico que muchas de ellas suponen para los trabajadores del sector, nos parece evidente que no está amparado legalmente que esta labor de imponer y resolver sanciones esté en manos de la corporación insular”.
