El Gobierno autoriza 4,2 millones para financiar 556 plazas de dependencia
El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó el pasado jueves, 27 de febrero, la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de La Palma para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con un montante de 4.208.995 euros para 556 plazas. Igual acuerdo se aprobó con los cabildos de Fuerteventura y Tenerife. La cantidad global asciende a 29.895.079 euros. En concreto, el importe para la isla majorera es de 1.125.398 euros y se financiarán 167 plazas. En Tenerife la Administración autonómica aportará 24.560.686 euros para un conjunto de 3.230 plazas.
A estas partidas, señala el gabinete de prensa de Ejecutivo regional en un comunicado, se suman las aportaciones contempladas en los convenios realizadas por los cabildos. De esta forma, el Cabildo de Fuerteventura aporta un total de 375.732 euros; el de La Palma 2.293.618 euros, y el de Tenerife 13.444.725 euros.
De esta forma, la financiación para la atención de recursos de atención a las personas en situación de Dependencia, en las tres islas, suman un global de 46.009.214 euros, siendo la aportación de Gobierno de Canarias y Cabildos, la siguiente: para Fuerteventura de 1.510.130 euros; para La Palma, de 6.502.673 euros y, finalmente, para Tenerife, un global de 38.005.411 euros.
Explica que “con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia”.
El instrumento que garantiza esta atención “es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados”.
En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales “implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones públicas implicadas”.
Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó “conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 con los siete cabildos insulares para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad”.
