Testigos avisaron de irregularidades en Protección Civil de La Palma dos años antes del cese del jefe

Dos concejales del grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma alertaron en 2019 de las supuestas irregularidades que se sucedían en Protección Civil, pero no fue hasta dos años más tarde cuando el jefe de esta unidad, acusado de un presunto delito de cohecho y falsedad documental, fue cesado.

En la segunda sesión del juicio con jurado que se sigue contra el exjefe de Protección Civil, F.F.P., y contra el empleado E.J.T.F, han comparecido los concejales en ese momento de Seguridad y Protección Civil, Juan Arturo San Gil, y de Deportes, Yurena Pérez, que pertenecieron a una corporación cuyo alcalde era Juan José Cabrera.

Según el testimonio del exconcejal de Seguridad en 2021 se cesó al hasta ese momento jefe de Protección Civil y se dispuso un cambio radical en la unidad.

De acuerdo con su relato, las principales anomalías eran el uso del coche por los voluntarios, quienes compraban gasolina o comían cada día a cargo del Ayuntamiento, cobros por parte de los miembros del cuerpo cuando participaban en actividades o regalos de electrodomésticos al exjefe.

En el juicio con jurado que tuvo lugar este martes en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, los testigos confirmaron alguna de las acusaciones recogidas en el escrito de Fiscalía e incluso salieron a la luz otras más.

Una joven condenada a realizar trabajos para la comunidad admitió que no había cumplido “ni una sola hora” porque su expareja negoció con el procesado anular la pena, aunque ella no sabe a cambio de qué.

“No fui nunca. Me dieron un certificado firmado con la fecha en la que debía empezar y terminar pero jamás cumplí con nada”, ha dicho.

El hermano de su expareja también se libró de hacer trabajos comunitarios después de llegar a un acuerdo por el que entregaban seis pares de botas.

El capítulo que ocupó más tiempo en la sesión de hoy fue en el pago de 1.600 euros que debió desembolsar el organizador del rally La Palma Isla Bonita en septiembre de 2019 después de que el acusado supuestamente le dijera que si no pagaba suspenderían la prueba.

Por ello, acudió a un hotel de Los Cancajos, en Breña Baja, junto con la entonces concejal de Deportes, Yurena Pérez, y el también edil San Gil, para que hicieran de testigos.

Este último sacó las fotografías en las que se ve al otro acusado E. J. T. F. en una mesa en la que supuestamente entregaría el dinero.

Dado que el aviso se lo hicieron a última hora los organizadores tuvieron que pagarlo de su propio bolsillo para evitar que se suspendiera la prueba y a cambio el miembro de Protección Civil le entregó un recibo que se “traspapeló” pero que aparece en las fotos.

Existen contradicciones sobre si el exjefe estuvo presente en ese momento; el organizador dice que sí y que fue quien recogió el sobre y contó los billetes pero otros aseguran que lo hizo el segundo acusado porque el primer encausado se negó a entrar.

“Nunca me pareció bien lo que hicieron porque esas no eran las formas pero tuvimos que pasar por el aro porque teníamos pocas horas para evitar que el rally no se pudiera celebrar”, dijo el organizador de la carrera.

La exconcejal estuvo de testigo en el hotel cuando se entregó el dinero, sacó las fotos y asegura que les dijo a los miembros de Protección Civil que “yo no estaba de acuerdo con lo que hacían, que eso no estaba bien”, y aseguró que informó al entonces alcalde.

San Gil asegura que sí presentó una denuncia y se encontró con que los juzgados ya habían abierto un procedimiento.

El exconcejal indicó que lo ocurrido era un capítulo más de las informaciones que estaba recibiendo sobre lo que pasaba en la unidad y que intentaron solucionar de una forma que fuera lo menos traumática posible por lo que  llegaron a hacerle un homenaje al acusado cuando lo cesaron.

Otras medidas que tomaron fue cambiar la cerradura y echar a gran parte de los voluntarios y sustituirlos por personal nuevo.

En aquellas fechas tres policías judiciales especializados en delitos fiscales intervinieron el local con el fin de encontrar pruebas. Una compañera de Protección Civil dijo que habitualmente cobraban entre 30 y 50 euros por participar en las actividades, y que ella los recibía porque no sabía que legalmente no era posible, que el propio exjefe alardeaba de los regalos que le hacían y que ella llegó a ver.

El fiscal pide al principal acusado cinco años de prisión por presunto cohecho, otro tanto por falsificación documental y pagar 3.600 euros por cada uno de los cargos, y al segundo le pide cuatro años por sobornos, el pago de 2.700 euros  y que ambos devuelvan los 1.600 euros pagados con el rally.