El Gobierno de Canarias trabaja en un contrato de inspección externo para los centros de menores migrantes

El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello ha informado este lunes que el Gobierno de Canarias está trabajando en un contrato de inspección externo para los centros de menores migrantes del archipiélago con el fin de conocer “lo que está sucediendo” en ellos.

Según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias, este contrato busca “tener información casi a diario” de lo que pasa en el interior de los centros que acogen a los menores migrantes, cuya tutela está bajo competencia de la comunidad autónoma. Este anuncio surge a raíz de la denuncia que doce menores de un centro de acogida tutelado por la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI en Las Palmas de Gran Canaria presentaron la semana pasada, en la que exponían haber sido víctimas de golpes e incluso agresiones sexuales por parte de la plantilla del recurso.

El viceconsejero ha apuntado que un equipo de inspección de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario se desplazó el domingo hasta el centro para tomar declaraciones y analizar lo denunciado “de primera mano”. Según informó a EFE la directora de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, fue este sábado cuando se dio la orden de visitar el centro por parte de dos dos técnicas de su departamento para que se entrevistaran con los menores y los trabajadores del centro que gestiona la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI, a raíz de distintos altercados ocurridos y de la fuga de varios menores, por lo que espera disponer de un informe este lunes para su traslado a la Fiscalía de Menores con la que el Gobierno de Canarias quiere “trabajar de forma coordinada”.

Cabello ha reconocido que, ante el incremento en la llegada de menores migrantes de los últimos meses, el Gobierno se ha visto “sobrepasado” en cuanto a la “capacidad inspectora” de los distintos recursos que ha tenido que ir abriendo para atender a estas personas, lo que ha provocado que no tenga “del todo supervisado” cada uno de ellos.

La Fiscalía Anticorrupción ya presentó en mayo de este año una querella contra la misma Fundación que gestiona este centro de menores y varios de sus directivos en Gran Canaria y Lanzarote al apreciar indicios de la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos en la gestión de los fondos públicos que obtenían para realizar su actividad.

También el Ministerio Público se querelló el año 2022 contra directivos de la ONG y de uno de sus centros de tutela, ubicado temporalmente en un complejo de apartamentos del sur de Gran Canaria durante el anterior repunte en la llegada de migrantes del año 2020, en una causa que investiga desde entonces el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. En esta segunda ocasión, lo que se trata de dilucidar es si estas personas cometieron delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones.