El Congreso desestima la petición del PP para difundir las actas de ETA
Aunque el presidente del Gobierno no intervino durante la discusión de las propuestas de resolución presentadas por los grupos, de las cuales fueron aprobadas 33, sí lo hizo después ante los periodistas, al término de la sesión parlamentaria con la que el Congreso culminó el decimonoveno debate de política general. Rodríguez Zapatero compareció para pedir “seriedad y responsabilidad” al líder del PP, Mariano Rajoy, cuya exigencia de las supuestas actas de los contactos del Gobierno con ETA consideró algo “sencillamente inimaginable” desde la oposición de un país democrático.
Antes, en el hemiciclo, en la sesión plenaria se había discutido sobre iniciativas muy variopintas que abarcan casi todos los ámbitos de la gestión pública -políticas sociales, economía, seguridad ciudadana, desarrollo autonómico o medio ambiente-, pero la polémica siguió centrada en la política antiterrorista. En la tribuna, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, defendió la resolución en la que pedía el envío de las actas de ETA al Parlamento tras los “demasiados silencios” que a su juicio ha habido en torno a la “negociación” con la banda terrorista.
Los demás grupos no le siguieron, e IU-ICV, que planteaba en otra moción la creación de un nuevo pacto antiterrorista de todas las fuerzas políticas, optó por retirarla para no socavar la unidad de los demócratas, según la explicación que dio Joan Herrera. Para Julio Villarrubia, del PSOE, resulta “lamentable” que el PP se dedique a dividir a la sociedad, con un líder como Rajoy “un poco imprudente, un poco osado y hasta un poco temerario”.
En nombre del PNV, José Ramón Beloki dijo que abordar esta cuestión en términos partidistas da “más aire” a ETA y pidió “lealtad” a los partidos, en tanto que CiU, por boca de Jordi Jané, apeló a la unidad al rechazar la pretensión de los populares. La diputada de EA Begoña Lasagabaster repudió además la “falta de seriedad” de la propuesta de Rajoy.
Como era previsible, el PP perdió la votación de este punto y únicamente tuvo el respaldo de los diputados de su propio grupo.
“Desencuentro” de ERC
Al margen del terrorismo, la sesión sirvió para certificar el “desencuentro”, en palabras del portavoz de ERC, Joan Tardá, entre este partido y el PSOE, traducido en que los republicanos sólo consiguieron sacar adelante una resolución, y ello gracias al PP.
Tardá lamentó que por primera vez en la legislatura el PSOE no haya presentado ninguna resolución conjunta con ERC y que además no haya apoyado sus demandas sobre el desarrollo del Estatut y la publicación de las balanzas fiscales. Sí hubo acuerdo entre el PSOE e IU-ICV para sacar adelante tres mociones compartidas sobre educación, aplicación de la Ley de Dependencia e inmigración; además, pactaron otras dos del ámbito catalán para impulsar el Estatut y las inversiones en Cataluña.
En el cómputo de iniciativas, fue CiU la formación más beneficiada, con siete resoluciones, entre ellas dos casi unánimes sobre apoyo a las familias, lucha contra la delincuencia organizada y mejora de la seguridad vial. Su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró haberlo conseguido por su capacidad de diálogo con todos los grupos y aclaró que no interpretaba el apoyo recibido de los socialistas como un “guiño” o “acercamiento” a las posiciones de CiU.
El PP no consiguió mayoría suficiente para aprobar ninguna de sus doce mociones, pese a lo cual su portavoz, Eduardo Zaplana, se mostró satisfecho por haber tenido “más respaldos que nunca” de las minorías en iniciativas de familia, discapacitados o dependencia.
Vigilancia de las fronteras marítimas
Por otro lado, el Congreso instó al Gobierno a crear un Centro Nacional y otro Regional de Vigilancia de Fronteras Marítimas, en Madrid y Las Palmas, respectivamente, para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal que llega a Canarias. Con 186 votos a favor, 142 en contra y ninguna abstención, el Pleno aprobó esta iniciativa que también demanda la creación de centros de internamiento de inmigrantes en La Gomera y El Hierro.
Además de reforzar los dispositivos marítimos y aéreos, el texto exige que se preste “máxima atención” a las necesidades de los trabajadores extranjeros altamente cualificados, que a través de su experiencia benefician a la economía española al aportar “un valor añadido” no sólo por su trabajo en las empresas nacionales sino también por la repercusión que puedan llegar a tener en la sociedad. Gracias a una enmienda incorporada por CiU, la propuesta pide al Gobierno a “iniciar el cumplimiento del traspaso de competencias en materia de inmigración contempladas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.
Otro de los puntos alude a la necesidad de fomentar la inserción laboral de los inmigrantes mayores de 16 años -con autorización de residencia por reagrupación familiar e inscritos como demandantes de empleos-, de modo que comiencen su relación laboral cuanto antes y coticen a la Seguridad Social. De igual forma la propuesta de resolución con motivo del Debate de Política General insta a promover una política de inmigración globalizada en todos los foros internacionales y apoyar y colaborar con la cumbre sobre la inmigración que se celebrará en Canarias en el mes de octubre.
En cuanto a los servicios que se ofrecen en extranjería se pidió incrementar los recursos humanos y materiales así como modernizar los procedimientos mediante la creación de una aplicación informática que ayude a acelerar los procedimientos que se llevan a cabo. El documento fue presentado por los grupos parlamentarios socialista, de IU-ICV y Nueva Canarias (Grupo Mixto).
