El PP eleva a Cortes su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Entre las 25 infracciones graves que la nueva ley de seguridad ciudadana castigará con hasta 30.000 euros, figura “las ofensas o ultrajes a España, a las CCAA y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio cuando no sean constitutivos de delito”. ¿Qué considera “ofensa” el Gobierno? El ministro del Interior lo tiene muy claro: “Ofensa es lo que es ofensivo”.

El anteproyecto de la ley que permitirá endurecer la represión de las protestas ciudadanas en la calle ha sido el tema de buena parte de las preguntas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Los periodistas han intentado que Fernández Díaz explicara con ejemplos qué actitudes serán castigadas. Pitar o abuchear el himno dentro de un estadio, por ejemplo, ya se castiga por la ley que afecta a la seguridad del deporte.

Pero hacerlo fuera de un recinto deportivo también puede costar caro. El ministro ha confirmado a este diario que también se castigará si se hace en otro tipo de actos, como un desfile de las Fuerzas Armadas o un acto solemne del Congreso. Las pancartas que pretendan ridiculizar a la bandera y que hieran la sensibilidad de un agente de seguridad también entran en esa categoría. O las que insulten al Rey.

“Para eso está la casuística. Es pronto para decir si serán 30.000 euros o 1.000 euros”, ha aclarado Fernández Díaz. Con las alusivas a la unidad de España no está claro cómo se actuará aunque el ministro ha admitido que corear gritos por la independencia no será un problema “siempre que se haga en manifestaciones autorizadas y sin violencia”.

Lo que expertos y partidos políticos ven como un intento del Gobierno por castigar las manifestaciones en su contra, es “un aumento de garantías y libertades” para la vicepresidenta y el titular de Interior. Fernández Díaz ha dicho estar convencido de que la ley no será declarada inconstitucional en el futuro y que no le costará su carrera política como a José Luis Corcuera, impulsor de la llamada “ley de la patada en la puerta”.

Pese a esta declaración de intenciones, el Gobierno ha limado ya el primer borrador ante el escándalo que ha levantado y no deja de ser un esbozo que el resto de ministros conoce por las reuniones previas de secretarios de Estado y subsecretarios. Aún tienen que presentar sus alegaciones y discutirlo en muchas reuniones además de enviarse al Consejo de Estado antes de llegar al Congreso.

En el documento explicativo entregado por Moncloa a los periodistas, en el apartado sobre la “oportunidad” de esta ley figura subrayada la siguiente frase: “El derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de legislatura”. El texto asegura que nos encontramos “en el momento adecuado para impulsar la ley”.

Soraya Sáenz de Santamaría ha intentado contestar al hecho de que el Gobierno vaya a ser más rápido en aprobar los castigos a las protestas que las medidas anticorrupción. La vicepresidenta ha aprovechado para recordar que el jueves se aprobó la ley de transparencia y que los grupos parlamentarios ya tienen un primer documento de propuestas para consensuar. Lo que no ha mencionado es que la norma se aprobó solo con el apoyo de las fuerzas políticas de derecha y que un pacto sobre la regeneración política es algo a lo que se niega el PSOE y otros partidos mientras el presidente no dé explicaciones en las Cortes sobre la contabilidad B de su partido.

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