Babel contra Babel y en medio el Derecho Internacional Público

Hay épocas en que el mundo parece entregado a una suerte de poliglosia furiosa, donde cada potencia alza su propia torre de Babel, no ya para alcanzar el cielo, sino para gritar desde lo alto su propio lenguaje de dominio. La cacofonía actual de las relaciones internacionales ha relegado al Derecho Internacional a la condición de notario solitario que levanta actas que nadie firma. Pero incluso en ese silencio que lo circunda, persiste: no como la voz tonante del poder, sino como el rumor obstinado de quien se sabe necesario, aunque apenas escuchado.

El Derecho Internacional no es —no debería ser— un simple inventario de conveniencias recíprocas, ni un catálogo de buenos modales entre príncipes. Es, en su aspiración más honda, un esfuerzo por domesticar el poder, por contenerlo dentro de formas que no dependan de la fuerza. Desde 1945, con la Carta de San Francisco, pretendió instaurar algo así como una gramática mínima de coexistencia: igualdad soberana, prohibición del uso de la fuerza, respeto a los derechos humanos, arreglo pacífico de controversias. Esa gramática, sin embargo, hoy parece arrinconada entre comunicados huecos y vetos cruzados.

Mientras tanto, el poder ha retornado con su antiguo rostro, sin máscaras. Trump lo proclamó sin ambages al rebautizar el Departamento de Defensa como «Departamento de Guerra» en sus mítines: no por cambiarle el nombre oficial, sino por restituirle sin pudor su designio primigenio, y así lo ha constatado actuando con su ley de la selva en Venezuela. Putin, por su parte, ha resucitado la lógica de las esferas de influencia, blandiendo la fuerza como si el Derecho fuese apenas un eco molesto. Y Xi Jinping, con la impasibilidad paciente de los imperios antiguos, parece empeñado en reescribir las tablas mismas en que el orden de posguerra pretendió inscribirse. ¿Y la UE? Un mero figurante de lo que ocurre en el mundo.

El poder del fusil no consiste en matar, sino en hacer obedecer. Porque lo decisivo no es la muerte, sino la disposición generalizada a acatar antes de morir. Esa es la paradoja esencial: el poder necesita mostrarse dispuesto a matar precisamente para no tener que hacerlo. Y el Derecho —que es un límite— vive amenazado por esa misma disposición: cada vez que el poder se exhibe, el Derecho tiembla.

El Derecho Internacional carga así con una desdicha originaria: debe someter a quienes pueden desoírlo sin castigo. Por eso se quiso dotar de principios estructurales que se impusieran como exigencias inherentes al sistema mismo: los llamados principios fundamentales (Declaración sobre los Principios), que tienen un indudable valor político y jurídico. Son normas que no nacen de la suma de los ordenamientos internos, sino de la propia estructura del orden internacional: prohibición de la agresión, imprescriptibilidad del genocidio, prevalencia de los tratados sobre el derecho interno, deber de resolver disputas pacíficamente.

Esos principios pretendían ser más que pactos: aspiraban a ser compromisos con el mundo, límites constitutivos. Pero el poder: esa maquinaria que tiende a perpetuarse a sí misma bajo cualquier pretexto— los erosiona sin cesar. La guerra, decía, nunca se libra para poner fin a la guerra, sino para garantizar su retorno futuro; como si el poder necesitara periódicamente la sangre para recordar su razón de ser.

En ese horizonte se entiende el cinismo con que las potencias manejan hoy (¿solo hoy?) el Derecho: ora lo invocan como presión, ora lo aplican como castigo, según convenga. Ejemplo de ello es cuando se embarga a un Estado como castigo, que no puede agravarse, sobre todo en cuanto ceda la amenaza. ¿Y qué Estado? Depende de sus relaciones y la posición que juegue en el puzle de la geopolítica. Depende, también, de esa moral convertida en un instrumento para tener razón: véase la doble moral que siempre ha existido con Palestina.

Lo mismo ocurrió con la antigua Yugoslavia: las masacres de Srebrenica o el asedio de Sarajevo se produjeron bajo la mirada paralizada de una comunidad internacional que proclamaba el “Nunca más” mientras se enredaba en vetos cruzados en el Consejo de Seguridad. Y cuando, en Kosovo en 1999, la OTAN intervino sin autorización del Consejo alegando razones humanitarias, se inauguró la lógica de la excepción moral como coartada jurídica: violar la Carta para salvarla, romper la norma para preservarla.

Taiwán, por su parte, expone con crudeza los límites del Derecho: actúa como un Estado, pero no se le reconoce como tal, porque China lo impone como condición para su propio reconocimiento. Así, el Derecho no limita el poder: se vuelve su máscara.

Algo semejante sucede con el Sáhara Occidental, cuyo derecho a la autodeterminación, reconocido internacionalmente, no se respeta, y casi medio siglo después sigue bajo ocupación de facto de Marruecos, con la anuencia tácita de potencias que prefieren la estabilidad a la legalidad (España a la cabeza). 

Incluso en el seno de la Unión Europea, durante la crisis de 2008, el Derecho se vio desbordado por el poder. Grecia fue sometida a un régimen de tutela casi colonial por la Troika, que dictaba sus presupuestos y privatizaciones bajo la amenaza de expulsión del euro como espada de Damocles. España y Portugal fueron tratados como culpables morales antes que como sujetos jurídicos: el lenguaje de la “disciplina” y el “castigo” sustituyó al de la solidaridad, revelando que el Derecho de la UE podía ser suspendido por la lógica financiera del escarmiento.

Asimismo, y alejado del discurso predominante occidental, pienso que las sanciones a Rusia o a Irán, oscilan entre castigo y presión según convenga al relato del momento. Se anuncia que son instrumentos para «inducir» cambios de conducta, pero cuando no los producen se las prolonga indefinidamente, como si fueran penas eternas. La lógica de la amenaza —que obliga a castigar si no se cede, pero también a desistir si se cede— se subvierte; y así el Derecho deviene coartada del poder, no su límite.

Lo más inquietante es que esta confusión erosiona el propio suelo de la legalidad internacional. Porque sin un consenso mínimo sobre qué es norma y qué es fuerza, la comunidad internacional se disuelve en un archipiélago de poderes que sólo reconocen sus propios intereses. Y, empero, incluso en ese naufragio, los principios persisten, como esos maderos que flotan cuando el barco se hunde. Son frágiles, sí, pero imprescindibles: sin ellos, no habría ni previsibilidad ni siquiera lenguaje común; solamente ruido, sólo Babeles gritándose.

Quizá el destino del Derecho Internacional sea precisamente ese: ser el murmullo persistente que recuerda a los poderosos que el mundo no les pertenece. Y que entre la Babel de los hechos y la Babel de las normas habrá que inventar —si queremos que la historia no se convierta en una guerra sin fin— algún idioma común capaz de hablar más alto que los cañones.