Ni mártires, ni invisibles: Educación Social con derechos

Existen profesiones que sostienen el mundo sin hacer demasiado ruido. Que no aparecen en discursos de dirigentes políticos, que no llenan los titulares de las principales cabeceras, ni aparecen en las listas de las noticias más leídas. Pero ahí están como el sol que cada día sale. Como árboles con sus raíces bajo tierra, manteniendo en pie a quien ya nadie ve. Ahí está la Educación Social con su presencia firme en medio del derrumbe, en esas manos tendidas en la desesperanza, en esa voz entre el grito y el abandono.

Sin embargo, en los últimos meses, la vocación silenciosa se ha visto alterada por la tragedia. En febrero, en Badajoz, una educadora social fue asesinada realizando su trabajo. Hace unos días, en Euskadi, otra compañera de profesión fue apuñalada mientras desarrollaba su labor en el turno de noche de un hogar. Hechos aislados geográficamente, pero más relacionados de lo que parece en su contexto y forma. Un olvido estructural de quienes acompañan desde el coraje y la profesionalidad.

Cuando una persona estudia Educación Social, debe tener algunas premisas claras sobre lo que representa la profesión. A veces, de manera errónea, se atribuye más peso del que se debería a la vocación, dejando la importancia más al corazón que al conocimiento científico. Como decía una magnífica profesora que tuve en la facultad, Sofía Valdivielso, afortunadamente los seres humanos no nos podemos dividir, es tan importante la cabeza como el corazón.

Estas dos agresiones vienen a ser la máxima expresión de que algo no funciona en el sistema de protección, y desde luego en la prevención. Asumir los preceptos de la profesión implica escuchar sin juzgar, actuando muchas veces con miedo, pero con el convencimiento de que permanecer sin huir tendrá beneficios para la gente con la que se trabaja. Sin embargo, todo esto se hace desde el anonimato, la precariedad, y como demuestran estos dos desgraciados hechos, cada vez más desde el riesgo físico.

La pregunta es cómo hemos llegado a esto. De qué manera, quienes trabajan para que otras personas no caigan en el terreno de los nadie, que decía Galeano, sean tratados como profesionales de segunda. Quien ejerce la educación social interviene en contextos muy complejos. Desde centros de menores, personas con enfermedad mental, víctimas de violencia, personas sin hogar, familias desestructuradas, etcétera. Trabajan en la brecha de la desigualdad. Para otro debate daría, por qué la profesión se ha ido escorando hacia el acompañamiento, y no tanto en la prevención.

No es difícil encontrar noticias en la prensa, referentes a cuando un policía salva a alguien tras algún atragantamiento, o cuando una agente de la Guardia Civil fuera de servicio rescata a alguien de una situación compleja en el mar. Casi se pone la profesión por delante de la persona. Sin embargo, esto en la Educación Social no sucede. Es una profesión invisible.

Con desconocimiento y sin exposición pública, las consecuencias son evidentes. Sueldos alejados de la complejidad del propio trabajo, una estabilidad laboral muchas veces condicionada a subvenciones o proyectos, equipos multidisciplinares irreales, formación superficial para afrontar contextos violentos o protocolos de seguridad muy pobres. De hecho, en algunos territorios del estado español, la figura del educador social no está reconocida ni integrada en equipos. Y como decía, ni siquiera hay un reconocimiento social que honre la importancia de la profesión.

Más allá de unas condiciones poco justas, estamos hablando de cómo la sociedad trata a quienes sostienen lo más profundo. Las educadoras y los educadores sociales, son ese ligero camino que existe entre el propio sistema y quienes ya han perdido la esperanza en él. Un hilo para personas que están a punto de romperlo. En muchas ocasiones, el trabajo representa humanizar instituciones, poniendo a quien más lo necesita los recursos necesarios, y a construir comunidad donde ya no queda tejido. No es una profesión como dice su apellido solamente social, es una necesidad profundamente ética, pero también democrática.

Quien haya estudiado esta maravillosa carrera, no le extrañará escuchar que en la facultad siempre se habla de ser “agentes de cambio”. Pero cada vez se configura más la posición para no generar demasiado ruido, como si remover conciencias no formara parte también del compromiso que uno asume al desarrollar esta profesión. Así que aunque sean necesarios los minutos de silencio y las manifestaciones, estas agresiones deberían ser un punto de inflexión.

Y la batería de medidas que se deben empezar a exigir no son pocas. Ya es un buen momento para que la figura del educador/a social quede blindada en las comunidades autónomas. Ya no es tiempo que profesionales de otras titulaciones hagan la labor de educación social, igual que educadoras sociales no hacen la labor de una psicóloga por poner un ejemplo. Es un debate incómodo, pero necesario.

De tal manera, los protocolos de seguridad tienen que estar adaptados a los riesgos reales que se enfrentan. Ahora mismo no funcionan. Y mayor seguridad no significa ni más cámaras, ni más vigilantes, ni más rejas, ni más muros. Porque aunque esas medidas sean necesarias en ciertos recursos, más control y represión, no siempre representa mayor seguridad. Mayor formación, menos horas en los turnos, más trabajadoras y mejor organización, son la mayor garantía para un trabajo más seguro.

El cuidado de quien cuida no es un asunto menor. Y forma parte de garantizar una carrera profesional sólida, tener formación que de manera específica prepare para asumir los retos propios de cada desafío. Que permita que la salud mental de las educadoras y educadores sociales no quede como algo menor. Que los recursos sean los adecuados siempre.

Pero a pesar de que esas medidas son necesarias para pensar en un horizonte distinto, hay dos puntos que pueden dar un empuje aún mayor. Es complicado encontrar profesionales de la educación social en el diseño de políticas públicas. El papel ahora mismo se encuentra más en ser ejecutores de esas políticas, que en el hecho de ser actores estratégicos que diseñen qué se hace. O se da ese paso, o las posiciones de la Educación Social, siempre serán escogidas por otras personas ajenas a la profesión.

Y por otro lado, si el trabajo no se pone en el centro del relato, no habrá red social que sostenga los desafíos que el propio sistema pone encima de la mesa con una realidad que genera y aumenta las desigualdades. Sería interesante que los medios de comunicación no hagan visible solamente cuando ocurre una tragedia qué es la profesión, sino que la visibilicen en profundidad en todos sus ámbitos.

Los hechos sucedidos en Bilbao y Badajoz no deberían quedar en una anécdota, ni siquiera en un planificado olvido institucional. Decía el escritor valenciano Joan Fuster que “toda política que no sea hecha por nosotros, será hecha contra nosotros”, por lo que estas dos situaciones son hechos que obligan a abrir los ojos y generar reacciones desde la propia disciplina. La dignidad no se ruega, se defiende.

Proteger la Educación Social no es querer solo una profesión mejor. Es un acto de justicia, pero principalmente, una decisión colectiva de dónde está nuestro horizonte como sociedad. Porque en estos tiempos de polarización y exclusión, la educación social es un acto radical de empatía, amor y reconstrucción democrática.