Sanciones, poder y petróleo: la verdadera batalla por Venezuela

El conflicto venezolano suele interpretarse como una disputa sobre democracia y legitimidad política, pero sostengo que esta visión es insuficiente si se ignora el papel central de los recursos estratégicos y la estructura histórica del poder internacional. La verdadera batalla por Venezuela gira en torno al control de sus riquezas naturales, especialmente el petróleo, y sobre quién se beneficia de ellas.

Estados Unidos, independientemente de su presidente, ha mantenido una política exterior constante hacia países ricos en recursos, guiada por intereses económicos y geopolíticos. Figuras como Donald Trump representan una versión más explícita de esta lógica, pero no una ruptura. El patrón histórico muestra que cuando un país periférico intenta ejercer soberanía sobre sus recursos, enfrenta presiones externas, como ocurrió en Irán (1953), Guatemala (1954) y Chile (1973). Venezuela se inscribe en esta tradición, al poseer las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (303 mil millones de barriles, 17% del total global), además de gas, oro y minerales estratégicos como el coltán.

A pesar de este potencial, la producción petrolera venezolana ha caído drásticamente: de más de 3,5 millones de barriles diarios en el siglo XX a unos 900.000 en la actualidad. Las causas son múltiples (gestión, inversión, infraestructura), pero las sanciones económicas y financieras han sido determinantes. Estas restricciones han limitado el acceso a financiamiento, tecnología y mercados, afectando gravemente a Petróleos de Venezuela S.A: PDVSA y reduciendo el peso de Venezuela en la producción mundial a apenas el 1 %, cifra desproporcionada respecto a sus reservas.

El impacto macroeconómico de las sanciones es profundo y cuantificable. Estudios independientes estiman pérdidas de decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros desde 2017, llegando a más de 200 mil millones acumulados hasta 2024, superando el PIB anual del país. En una economía dependiente del petróleo (95% de las exportaciones), la reducción de divisas afecta la capacidad de importar alimentos y medicinas, deteriora servicios públicos y profundiza la crisis económica. Aunque las sanciones buscan presionar a las élites gobernantes, su efecto directo recae sobre la población civil, debilitando al Estado y llevando a situaciones de pobreza y hambruna, que también están en los objetivos del sancionador.

El análisis de este artículo cuestiona la legitimidad del argumento estadounidense de defensa de la democracia y caracteriza dichas actuaciones como una forma de “piratería” ejercida contra Venezuela, al recurrir a la apropiación de activos y a la imposición de sanciones unilaterales carentes de respaldo en el derecho internacional. La ausencia de mandato de la ONU convierte estas acciones en extraterritoriales e ilegítimas, violando el Derecho internacional y la soberanía venezolana. Para muchos países y juristas, esto sienta un precedente peligroso: que una potencia decida quién gobierna y se apropie de los bienes de otro Estado.

La selectividad en la aplicación del discurso democrático revela que el conflicto no es esencialmente moral, sino material y geopolítico. Estados Unidos ha mantenido relaciones con gobiernos autoritarios cuando estos garantizan acceso a recursos estratégicos. Así, la democracia funciona como marco discursivo, pero el núcleo del problema es el control de los recursos y la resistencia de Venezuela a integrarse en esquemas favorables a los centros de poder global.

En conclusión, el caso venezolano ilustra que la disputa internacional contemporánea no puede entenderse sin analizar la relación entre recursos naturales, poder económico y soberanía. El problema no es solo quién gobierna Venezuela, sino quién define el uso de su riqueza y en qué condiciones. Mientras esta cuestión siga sin resolverse en favor de los intereses nacionales, el país continuará siendo escenario de presión externa, sanciones y conflicto.

Venezuela representa un ejemplo paradigmático de una dinámica histórica recurrente: en un mundo desigual, la soberanía sobre los recursos sigue siendo uno de los mayores desafíos para los países ricos en materias primas. Los actores principales en esta pugna son Estados Unidos, como impulsor de las sanciones y apropiación de activos; corporaciones energéticas que buscan asegurar acceso a recursos; y potencias como China y Rusia, interesadas en ampliar su influencia en el país. Estos actores, con capacidades económicas y militares superiores, moldean el conflicto más allá de cualquier narrativa moral o institucional.

El futuro inmediato de Venezuela estará marcado por la disputa por sus recursos estratégicos. Mientras no se resuelva quién controla y decide el uso de esa riqueza, el país permanecerá atrapado entre sanciones, presiones externas y rivalidades geopolíticas. El escenario más probable es la continuidad del conflicto, con ajustes tácticos, hasta que la soberanía económica prevalezca sobre los intereses de las potencias que condicionan su destino.